CDMX.- El 7 de octubre, padres y colectivos del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, junto con Fundación Nicoatole y De Corazón, entregaron una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel López Beltrán y el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio. El vocero Israel Rivas Bastida los señala por genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo: acusa un esquema de contratos irregulares, sobreprecios y fármacos de baja calidad o no entregados, y sostiene que más de 5 mil niñas y niños murieron por no recibir el tratamiento a tiempo. Esa cifra es el cálculo de los denunciantes, no un dato oficial cerrado.
El expediente periodístico previo no es un rumor. Mexicanos Contra la Corrupción documentó que Romedic, empresa de Olán constituida en 2020, recibió más de 490 millones de pesos en contratos de medicamentos con recursos del extinto Insabi, vía gobiernos de Tabasco y Quintana Roo. En Quintana Roo, se le asignó a Romedic un contrato de 274 millones; seis días antes, Cofepris ya la tenía en la lista de distribuidores que no cumplían la regulación sanitaria. Andy no ocupó cargo público. El 6 de octubre, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo en el Senado que no había investigación vigente de la FGR ni de la UIF contra Olán. Semanas antes, la fiscal Ernestina Godoy había respondido que no existía orden de aprehensión.
La querella pone nombre y apellido a un desabasto que las familias cargaron durante años. El salto a “genocidio” es un recurso penal extremo y difícil de acreditar: la Fiscalía puede archivarlo por forma sin tocar los contratos. Lo que sí está documentado —asignaciones millonarias, una empresa ya señalada por Cofepris y cero carpetas abiertas contra los señalados— es el hueco real. Presentar la denuncia no es sentencia. Que el hijo del expresidente y su círculo sigan fuera de cualquier indagatoria formal, mientras el metotrexato no llegaba a los hospitales, es la medida exacta de la impunidad que se denuncia.