Guerrero.- Mientras el discurso oficial sigue vendiendo austeridad y “primero los pobres”, la 64 Legislatura de Guerrero se repartió 250 millones 866 mil 480 pesos en “gastos de gestión” entre enero y agosto de 2026. De esa bolsa, 188 millones 511 mil 180 pesos siguen sin comprobar, es decir, casi el 75 %. Dieciséis diputados no han justificado un solo peso. El presidente de la Jucopo, el morenista Joaquín Badillo, recibió 76 cheques por más de 7 millones y aún debe 510 mil; su antecesor, Jesús Eugenio Urióstegui, se embolsó 4.1 millones en 40 cheques y no comprobó nada; Gloria Citlali Calixto (también de Morena y exlíder del Congreso) recibió 12.6 millones sin dejar rastro. Todo esto, según documentos oficiales del propio Congreso difundidos por Agencia Reforma.
El “regalito” llega en plena investigación de la Fiscalía General del Estado por la presunta falsificación de firmas y cobro irregular de cheques a nombre de más de 20 diputados. Hay al menos tres denuncias (incluidas las de las morenistas Guadalupe García Villalva y Catalina Apolinar) por un esquema que, según versiones, involucra alrededor de cien documentos y más de 30 millones de pesos. La FGE investiga abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación, fraude y peculado. Los recursos salen de una partida que, desde finales de 2025, la diputada petista Leticia Mosso ya había expuesto: alrededor de 300 mil pesos mensuales extra por “gestión social” además del salario de unos 50 mil. Todos los partidos los reciben. Nadie ha explicado con claridad en qué se gastan realmente.
En un estado con pobreza estructural, inseguridad crónica y servicios públicos precarios, la mayoría morenista —cercana a Félix Salgado y a la gobernadora Evelyn Salgado— sigue operando con la misma lógica de siempre: el erario para los de arriba y el discurso de austeridad para los de abajo. No es un error administrativo. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
