Sonora.- Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del INE Guadalupe Taddei, renunció el 11 de noviembre como secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Llevaba en el cargo desde el 1 de agosto de 2025. Su salida —confirmada por la vocera del gobierno estatal— coincide con la inclusión de él, su madre, su tío Humberto Taddei Zavala y ocho exfuncionarios del INE en la lista de personas bloqueadas de la UIF (acuerdo UIF/110/G/4141/2026). Son 40 personas y empresas vinculadas a proveedores del instituto, entre ellos los hermanos Hernández Casillas, señalados por contratos que superan los 2,500 millones de pesos. Su esposa también renunció a un puesto en Seguridad Pública del estado.
Horas después, Claudia Sheinbaum descartó que los familiares de Taddei deban dejar automáticamente sus cargos: “No necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación”. La frase es técnicamente correcta y políticamente cínica. Mientras la UIF congela cuentas y la FGR realiza diligencias en el INE por presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Taddei, el gobierno federal y el de Sonora actúan como si el parentesco fuera un detalle irrelevante. Durazo lo había defendido semanas antes diciendo que no hubo recomendación de la madre. Ahora el hijo se va y nadie ofrece explicaciones claras.
Esto no es un caso aislado: es el patrón del clan Taddei. Más de una decena de familiares (hijos, primos, sobrinos) ocupan o han ocupado puestos en el gobierno de Sonora, LitioMx, Conade, programas federales y otras dependencias. La renuncia del hijo no limpia nada; solo confirma que, cuando la investigación aprieta, los cercanos se apartan en silencio mientras desde Palacio se insiste en que el parentesco no mancha. Si el estándar es “cada quien responde por lo suyo”, entonces que se investigue de verdad y se explique por qué tantos apellidos Taddei coinciden en la nómina pública justo cuando la madre presidía el INE. Hasta ahora, solo hay bloqueos, renuncias y excusas.