CDMX.- Las comparecencias del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la fiscal general, Ernestina Godoy, quedaron reservadas a puerta cerrada en San Lázaro, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno. Hacienda, Trabajo y Mujeres sí irán al Pleno; Seguridad y Fiscalía, no. La Junta de Coordinación Política ya había acordado el mismo formato para Gobernación, Seguridad y Economía, con el pretexto de “seguridad nacional” y con un auditorio reducido a los coordinadores de bancada.
Ese argumento no es menor: convierte en secreto de Estado lo que debería ser el escrutinio más público del gobierno. Harfuch encabeza la estrategia de seguridad; Godoy, la persecución penal federal. Si hay información sensible, se clasifica un expediente. No se apaga la sala. Hacerlo así deja fuera a la prensa, al resto de diputados y a las familias que llevan años pidiendo números, métodos y responsabilidades, no un resumen filtrado después de la reunión.
La crítica es directa: un Congreso con mayoría oficialista eligió opacidad justo donde más duele la opacidad. Si la violencia, las desapariciones y la impunidad se discuten sin cámaras ni estenográfica pública, la rendición de cuentas se vuelve un trámite entre aliados. Quien dirige la policía política del país y quien dirige la Fiscalía no puede exigirle al ciudadano que confíe a ciegas. O explican en abierto, o admiten que el informe se recita para el poder, no para la gente.
