CDMX.- El conversatorio del 21 de septiembre en el Senado, convocado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, no descubrió nada que la afición no sepa: desde 2020, cuando la FMF suspendió el ascenso y el descenso —primero como “rescate” por la quiebra de varios clubes de plata y la pandemia— la Primera División se volvió un club cerrado. Aquella medida, presentada como temporal y ratificada después por el TAS ante la demanda de equipos como Leones Negros, Venados y Correcaminos, se alargó hasta convertir a la Liga de Expansión en un callejón sin premio. Ayer, presidentes de Cancún FC, Mineros de Zacatecas y otros clubes de segunda, periodistas y legisladores coincidieron en que el mérito deportivo quedó sustituido por el privilegio de quienes ya están adentro.
Castañeda anunció una iniciativa para consignar el mérito deportivo como obligación de las asociaciones nacionales y, con eso, meter el ascenso y el descenso en la legislación mexicana. Lo dijo con la fórmula habitual: no quieren administrar el fútbol, solo “reglas” de competencia, mérito y oportunidades. El problema es el atajo. Los estatutos de FIFA exigen que las federaciones se administren sin injerencia de terceros; legislaturas de otros países ya han chocado con suspensiones por ese mismo motivo. Convertir un reglamento de liga en mandato de ley puede sonar a justicia para las plazas que se quedaron sin horizonte, pero también a que el Congreso pretenda dictar cómo se organiza un negocio privado cuyos dueños, por cierto, ni siquiera se sentaron a escucharlo.
Lo más elocuente no fue el discurso, sino la silla vacía. Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, fueron invitados y no respondieron. Esa ausencia resume el modelo: una élite que cobra como espectáculo de interés público y se gobierna como coto cerrado, frente a un Senado que llega tarde, con micrófono y con una iniciativa que todavía tiene que sobrevivir al pleno, a la Constitución y a Zúrich. Restaurar el premio y el castigo en la cancha es una demanda legítima después de seis años de candado. Usar esa demanda para colgarse una medalla legislativa, sin resolver la insolvencia crónica de la segunda ni el poder de los dueños de la primera, es otra forma de dejar el fútbol fuera de lugar.