Senado aprueba por unanimidad que funcionarios de CFE, Pemex y SAT porten armas: un paso controvertido hacia la seguridad de áreas estratégicas
La reforma, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica el artículo 24 de la ley para autorizar la portación de armas a personal de organismos públicos
CDMX.- El Senado de México aprobó el 29 de abril de 2025, con 100 votos a favor y sin discusión, una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que permite a funcionarios de empresas públicas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Banco de México y la Casa de Moneda portar armas de fuego para funciones de seguridad. El dictamen, turnado al Ejecutivo Federal, argumenta que la medida busca proteger "áreas estratégicas" y reforzar la seguridad pública, pero su aprobación unánime y sin debate plantea interrogantes sobre su alcance y posibles riesgos.
La reforma, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, modifica el artículo 24 de la ley para autorizar la portación de armas a personal de organismos públicos que justifiquen su necesidad, siempre que cumplan con requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, la falta de claridad sobre los criterios para determinar quiénes podrán portar armas y bajo qué condiciones genera preocupación. Por ejemplo, incluir al SAT —una entidad fiscalizadora— en esta lista parece desproporcionado, dado que sus funciones no están directamente ligadas a la seguridad física de instalaciones estratégicas, a diferencia de Pemex o CFE.
El contexto de esta reforma es clave. México enfrenta altos índices de violencia armada, con 33,287 homicidios dolosos en 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y un mercado negro de armas alimentado por el tráfico ilegal desde Estados Unidos. En este escenario, la medida busca fortalecer la protección de infraestructura crítica, como refinerías o instalaciones eléctricas, que han sido blanco de robos y sabotajes. Sin embargo, la ausencia de un debate público en el Senado y la rapidez de la aprobación contrastan con la complejidad del tema. La unanimidad sugiere un consenso político, pero también podría reflejar una falta de escrutinio crítico en un país donde la militarización de la seguridad pública ha sido un tema polarizante.
La reforma también amplía la lista de armas y accesorios de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, incluyendo calibres como el 5.7 x 28 mm, .357 y 5.56 mm, además de silenciadores, miras térmicas y equipo de visión nocturna. Esto responde a la necesidad de restringir el acceso a armamento sofisticado, frecuentemente utilizado por el crimen organizado. No obstante, la regulación del transporte de armas para competidores olímpicos y el control más estricto de armas en posesión de particulares —como la designación de responsables en caso de fallecimiento del titular— parecen medidas secundarias que no abordan el fondo del problema: la proliferación de armas ilegales.
Esta reforma plantea riesgos. Armar a funcionarios de entidades como el SAT o el Banco de México, sin una capacitación adecuada o protocolos claros, podría derivar en incidentes de mal uso o abuso de autoridad. Además, la centralización de la autorización en la Sedena refuerza el papel preponderante del ejército en la seguridad, lo que podría perpetuar la militarización de funciones civiles. Aunque el gobierno destaca programas como “Sí al desarme, sí a la paz”, que canjeó 1,297 armas en 2024, según la Secretaría de Gobernación, estas iniciativas no han reducido significativamente la violencia armada.
La reforma refleja un intento por proteger activos estratégicos en un contexto de inseguridad, pero su aprobación sin debate y la ambigüedad en su implementación levantan dudas sobre su eficacia y posibles consecuencias. México necesita medidas integrales que combinen control de armas, capacitación rigurosa y estrategias de prevención, más allá de ampliar quién puede portarlas. El Ejecutivo ahora tiene la responsabilidad de garantizar que esta ley no se traduzca en un aumento de riesgos para la seguridad ciudadana.