CDMX.- El Senado no se tomó ni el trabajo de discutir. El 14 de septiembre aprobó por unanimidad —75 votos, cero en contra, trámite de “urgente resolución”— la solicitud de Claudia Sheinbaum para que 139 militares de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos entren armados a México del 20 al 30 de septiembre. Llegan en aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense a la 5.ª Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. No es un intercambio de saludos: el propio documento habla de infiltración, destrucción de posiciones de francotiradores, captura de un aeródromo, asalto aéreo y extracción de un objetivo con fuego real.
Eso ocurre en el mismo estado donde, hace meses, el gobierno de Maru Campos quedó en el centro de una disputa federal por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas que terminó con dos oficiales de EU y dos funcionarios mexicanos muertos. Ahora el Congreso federal, sin debate público de fondo, normaliza lo que el discurso oficial llama “cooperación sin subordinación”. La fórmula constitucional existe —artículo 76, fracción III—, pero la prisa y el silencio parlamentario no son un detalle: son el mensaje.
La paradoja es brutal. Un gobierno que ha convertido la “soberanía” en eslogan abre la pista a una división aerotransportada estadounidense, con armas y misiones de combate simulado, justo en Chihuahua. No es invasión; es peor en un sentido político: es rutina. El Senado no preguntó qué armas vienen, no exigió un debate y no explicó por qué este ejercicio —no el primero en Santa Gertrudis— debía votarse como si el reloj estuviera por explotar. Si la soberanía cabe en un comunicado y las tropas caben en un avión, el problema no es el adiestramiento. El problema es que el Estado mexicano ya no distingue entre cooperar y ceder el relato.