Senado impulsa reforma antilavado con foco en "Personas Políticamente Expuestas" (PEP); bancos deberán monitorear información de políticos
La reforma busca también intensificar la vigilancia sobre el financiamiento al terrorismo y las redes de narcotráfico.
CDMX.- El Senado de México impulsa una ambiciosa reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, destacando la incorporación de la figura de "Persona Políticamente Expuesta" (PEP), que obligará a las instituciones financieras a identificar y monitorear rigurosamente las operaciones de servidores públicos y personas relacionadas, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y cumplir con estándares internacionales de transparencia financiera. La reforma busca también intensificar la vigilancia sobre el financiamiento al terrorismo y las redes de narcotráfico, además de actualizar la legislación para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El proyecto, liderado por el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, incluye medidas que no prosperaron en 2011, como la obligación de que partidos políticos y sindicatos reporten a la UIF actividades sospechosas de lavado de dinero. También se propone que dependencias públicas, el INE, secretarías del Trabajo y Pemex proporcionen información requerida por Hacienda para investigaciones.
Entre los cambios destacados, la UIF será reconocida como víctima en casos de lavado que involucren al sistema financiero, facilitando su participación en procesos penales. Además, se elimina la necesidad de demostrar dolo específico para sancionar la entrega de información falsa por parte de entidades obligadas a reportar actividades sospechosas. La reforma refuerza la vigilancia sobre actividades vulnerables, como casinos, inmobiliarias y comercio de metales preciosos, y exige a empresas mercantiles identificar a sus controladores.
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
La propuesta incorpora la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), obligando a instituciones financieras a monitorear sus operaciones con sistemas automatizados y manuales de políticas internas. Hacienda elaborará un listado actualizado de servidores públicos considerados PEP, con información proporcionada por los poderes Legislativo, Judicial, órganos autónomos, fiscalías, empresas estatales y gobiernos locales. Las instituciones financieras podrán consultar a Hacienda si no logran determinar si un cliente es PEP.
Fortalecimiento institucional y plazos
La reforma establece que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá notificar a la UIF sobre delitos de lavado detectados, promoviendo la colaboración para desmantelar redes criminales y recuperar activos. Morena busca aprobar la iniciativa en el Senado antes de que concluya el periodo de sesiones este mes, tras un parlamento abierto realizado en enero.
El dictamen representa un esfuerzo por cerrar brechas en la lucha contra el lavado de dinero y responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia financiera.