Senado recibe Iniciativas de Sheinbaum contra injerencismo y tráfico de armas
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
CDMX.- La Cámara de Diputados ha recibido formalmente dos iniciativas clave de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
En los motivos de ambas propuestas, se destaca que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, impulsada por la presidenta y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentada en octubre de 2024, se fundamenta en cuatro ejes:
1. Atención a las causas
2. Consolidación de la Guardia Nacional
3. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación
4. Coordinación entre las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno
Esta estrategia busca establecer las bases para diseñar y ejecutar políticas efectivas que prevengan, investiguen y combatan los delitos y la impunidad en el país.
Además, se resalta que en los últimos seis años, se ha reconocido que combatir la violencia requiere más que la fuerza del Estado contra el crimen organizado. Es necesario un enfoque integral que aborde las diversas causas sociales que generan inseguridad.
Por ello, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 incluyó el trabajo y despliegue operativo de la Guardia Nacional (GN) y adoptó una visión social transversal para enfrentar la creciente violencia.
La emisión de estas leyes es esencial para establecer un marco jurídico que regule la obtención, análisis y uso de información para generar inteligencia en seguridad pública, dotando al Estado de herramientas para combatir la delincuencia de manera efectiva.
Las reformas permitirán organizar y coordinar mejor las instituciones de seguridad pública, asegurando que la información se recabe, compile y procese en tiempo real, mejorando el cumplimiento de los objetivos de seguridad pública y del proceso penal.