CDMX.— Se les acabó el discurso de la soberanía. La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, delfín de Marina del Pilar y aspirante a la gubernatura de Baja California por Morena, quedó expuesta y exhibida como lo que es: una política investigada en Estados Unidos por asociación delictuosa que ya firmó para colaborar.
El documento está en poder de N+ Focus, de los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas. Es un proffer agreement con la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de EE.UU. En él, la propia Ramírez acepta textualmente:
“He aceptado participar en una reunión para el ofrecimiento de pruebas con la oficina de la fiscalía federal de los Estados Unidos y agentes federales, para determinar si puedo proporcionar información confiable”
Traducción: va a entregar a otros a cambio de salvar el pellejo.
Quiso negarlo con el manual de siempre: “¡Semana nueva, mitote nuevo!”, “Es una farsa”, “Lo hicieron en Paint”. Exigió que N+ mostrara el documento firmado. Pero no negó el fondo: que está investigada y que está negociando. El conductor Enrique Acevedo se lo restregó en X: “Son datos duros, verificables e incontrovertibles que muestran cómo usted y sus abogados buscan un acuerdo de cooperación con los fiscales que la investigan”.
¿Por qué importa?
Porque confirma lo que medios estadounidenses vienen publicando desde hace meses: en Morena ya hay una desbandada para colaborar con Washington. Funcionarios que ofrecen nombres de compañeros, rutas de dinero, contactos con el crimen organizado, con tal de que el DOJ no los toque.
Julieta Ramírez no es una senadora cualquiera. Es del círculo íntimo del poder en Baja California. Si ella ya está en la mesa de San Diego ofreciendo pruebas, ¿a quién va a entregar? El acuerdo incluye, como en todo proffer, varios nombres: el de la investigada, el del subfiscal federal que lleva el caso y el de un testigo colaborador de agencias federales. Es una cadena.
Y es el mismo patrón que ya vimos con la gobernadora Marina del Pilar, a la que EE.UU. le revocó la visa sin explicación y ahora anda buscando contactos en Washington para recuperarla.
Hoy Morena la arropo por disciplina: Ignacio Mier dijo que es falso, Luisa Alcalde dijo “yo le creo a Julieta”. Es lo que tienen que decir. Pero en privado saben lo que significa: si el Departamento de Justicia ya tiene a una senadora con licencia sentada para cooperar, es porque tiene un expediente sólido por asociación delictuosa y porque ella sabe que tiene mucho que perder.
La narrativa de “no somos iguales” y del “ataque de Televisa” ya no alcanza. Cuando un morenista firma con el DOJ para convertirse en testigo colaborador, no es guerra sucia. Es supervivencia.
Es el primer nombre exhibido, pero no será el último. En Morena ya entendieron que con Washington no se juega, y que si tienen que entregar a sus propios compañeros para salvarse del vínculo con el narco que les persigue, lo van a hacer.
El documento existe. Y la senadora quedó retratada.
