Sheinbaum anuncia registro obligatorio de chips de celular: ¿Una medida efectiva o un espejismo de seguridad?
La medida busca vincular cada chip con su propietario, prohibiendo compras anónimas en tiendas de conveniencia
CDMX.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha anunciado que todos los chips de teléfono celular deberán registrarse a nombre de su propietario, una medida que busca combatir la extorsión telefónica y el fraude. Durante la Mañanera, explicó que los lineamientos para esta iniciativa se publicarán pronto, prohibiendo la compra anónima de chips en tiendas de conveniencia. A partir de la emisión del reglamento, cada chip deberá vincularse con el nombre del usuario, con el objetivo de que “todos los chips estén identificados con personas”, lo que, según Sheinbaum, impedirá que sean utilizados para extorsionar desde penales o cometer fraudes.
Sin embargo, esta propuesta levanta más dudas que certezas. Por un lado, el contexto es preocupante: México ha sido escenario de un aumento constante de extorsiones telefónicas, muchas de ellas operadas desde cárceles donde la presencia de celulares es un problema endémico, a pesar de las prohibiciones. Según Insight Crime, entre 2013 y 2019, las llamadas de extorsión a negocios aumentaron casi un 22%, aunque los pagos disminuyeron, lo que sugiere que la conciencia pública sobre estos fraudes está creciendo. Pero ¿realmente un registro obligatorio de chips resolverá el problema?
La medida parece ignorar las múltiples formas en que los criminales pueden evadirla. Grupos delictivos podrían recurrir a chips extranjeros, identidades falsas, o incluso a técnicas como el “SIM swapping” o el uso de números VoIP, que no dependen de chips físicos. Además, la historia reciente no inspira confianza: en 2021, una propuesta similar generó críticas de empresas de telecomunicaciones y organizaciones de derechos humanos, quienes advirtieron sobre el riesgo de que esta información se convierta en un nuevo blanco para hackers o incluso para el mismo gobierno, en un país donde la protección de datos personales ha sido históricamente deficiente.
Otro punto crítico es la carga adicional que esta medida impondrá a los ciudadanos. ¿Quién garantizará que los datos recolectados no serán mal utilizados? ¿Y qué pasará con aquellos que, por error o suplantación, vean su nombre asociado a actividades delictivas? Sheinbaum argumenta que la medida es necesaria para la seguridad, pero no ha ofrecido detalles sobre cómo se protegerán estos datos ni cómo se garantizará que no se convierta en otra base de información vulnerable, como ha ocurrido con registros anteriores.
En última instancia, la efectividad de esta iniciativa dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno para abordar las raíces del problema, como la corrupción en los penales y la falta de infraestructura para inhibir el uso de celulares en estos lugares. Mientras tanto, la medida podría ser percibida como un intento más de control estatal que como una solución real a un problema complejo. La pregunta sigue en el aire: ¿es esta una victoria contra el crimen o un espejismo de seguridad?