Guanajuato.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, no se anduvo con eufemismos: dijo que es “muy delicado” proponer a una mujer donde “la delincuencia se apoderó desde años atrás” y que enviar a una a Esperanza o Tepeyahualco —zonas que vinculó con grupos delictivos y con Los Rojos— es “un tema de riesgo”. Lo dijo para justificar que el Congreso local haya puesto solo a hombres al frente de concejos municipales interinos, entre ellos Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, tras la caída o investigación de alcaldes. No era una ocurrencia suelta: era el criterio con el que se armó el poder local en ocho municipios.
Horas después, cuando ya ardía la crítica, salió el tuit de reparación: las mujeres “tienen plena capacidad” y “pueden y deben gobernar”. El papel aguanta todo. Lo que no se deshace es la decisión ya tomada ni la lógica de fondo: la inseguridad se usa como filtro de género. Si el cargo es peligroso, el hombre “con experiencia” entra; la mujer se “protege” dejándola fuera. Eso no es cuidado. Es tutelar el poder y tratar a las mujeres como pieza frágil justo en los lugares donde el Estado ya fracasó.
Claudia Sheinbaum lo despachó con un “no fue muy afortunada” y con el alivio de que “ya corrigió”. Demasiado poco para un gobierno que presume el “tiempo de las mujeres” mientras un aliado de Morena dice, en voz alta, que hay pueblos donde una mujer no debe sentarse en la silla. El PAN exigió disculpa pública; la presidencia se conformó con la retractación. El mensaje que queda no es el tuit de la mañana: es que, cuando el crimen aprieta, el discurso igualitario se dobla.
