CDMX.- En plena crisis del INE —con Guadalupe Taddei renunciada tras revelaciones de vínculos personales con proveedores que obtuvieron contratos por cientos de millones y múltiples expedientes abiertos por la ASF y el órgano de control interno—, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó el 4 de noviembre a Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE (2003-2007), de haber sido “el ejecutor” del supuesto fraude electoral de 2006 fraguado por Vicente Fox y Felipe Calderón. La estrategia es vieja y transparente: atacar la autoridad moral de quien critica las irregularidades actuales reciclando una narrativa que lleva dos décadas sin sostenerse en hechos judiciales.
Ugalde respondió el 8 de noviembre con un video en el que recordó lo que el expediente oficial muestra: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independiente del IFE, revisó las impugnaciones, ordenó recuentos parciales y el 5 de septiembre de 2006 declaró válida la elección, con Calderón ganando por 233.831 votos (0,56 %). El IFE era un órgano colegiado; los votos los contaron cientos de miles de ciudadanos en casilla. Exigir pruebas concretas de una supuesta orden personal de Ugalde para alterar el resultado no es un capricho: es el mínimo que cualquier acusación de ese calibre debe cumplir. Veinte años después, esas pruebas no existen. Lo que sí existe es la admisión reciente de Fox de que “hizo que ganara Calderón” porque no quería entregar el poder a López Obrador, una intervención política indebida que el propio Tribunal señaló como riesgo, pero que no convierte a Ugalde en el operador de un fraude de boletas.
Usar el poder presidencial para desacreditar a un expresidente del órgano electoral con acusaciones personales sin evidencia, justo cuando el INE enfrenta un escándalo documentado de conflictos de interés y contrataciones opacas bajo Taddei, no fortalece la democracia. La debilita. La rendición de cuentas exige investigar lo que está pasando ahora, no enterrar las irregularidades del presente bajo el mito del pasado.