Sheinbaum enreda el presupuesto: ¿Error, descuido o estrategia?
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el aumento de 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial en el proyecto de Presupuesto 2026, heredado de ministros anteriores
CDMX.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se encuentra en el centro de una nueva controversia presupuestaria que pone en duda la gestión de su administración. Durante la mañanera, la mandataria admitió que el incremento de 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial en el proyecto de presupuesto 2026 no fue una decisión de su gobierno, sino un legado de los ministros anteriores de la Corte. Sin embargo, esta explicación no solo genera preguntas sobre la supervisión del Ejecutivo, sino que también revela una estrategia que podría interpretarse como un intento de desviar la responsabilidad.
La presidenta argumentó que los nuevos ministros no tuvieron tiempo de corregir el presupuesto antes de enviarlo al Congreso, lo que deja en evidencia una falta de revisión minuciosa por parte de la Secretaría de Hacienda. Este descuido es particularmente preocupante si se considera que el propio gobierno ha promovido una política de austeridad y recortes en otros rubros, como el INAH y las universidades, áreas que ahora se proponen como beneficiarias de los recursos que se pretenden recortar al Poder Judicial.
El contexto es clave: el presupuesto 2026, entregado al Congreso el 8 de septiembre, incluye un déficit proyectado del 4.10% del PIB, con un ligero incremento en el crecimiento económico. Sin embargo, la asignación de casi 15 mil millones de pesos adicionales al Poder Judicial contrasta con los recortes en sectores culturales y educativos, lo que ha generado críticas sobre las prioridades del gobierno. Sheinbaum sugirió que estos recursos podrían redirigirse a infraestructura, salud o educación, pero no explicó cómo se garantiza que el Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, seguirá esta recomendación.
La admisión de Sheinbaum no solo pone en duda la eficacia de su equipo en la elaboración del presupuesto, sino que también refuerza la percepción de que su administración opera más como un continuador de las prácticas de su antecesor que como un gobierno con una agenda propia. La pregunta que queda en el aire es si estamos frente a un error administrativo, un descuido político o una jugada calculada para culpar a los predecesores y justificar futuros ajustes. Lo cierto es que, una vez más, la ciudadanía se enfrenta a un discurso que promete austeridad, pero cuyos resultados parecen estar más alineados con los intereses de un poder judicial que, paradójicamente, ha sido criticado por su subordinación al Ejecutivo.