Oaxaca.- En la escena del crimen frente al Bama Club, sobre la carretera Transístmica en Juchitán de Zaragoza, los familiares de Felipe Jacinto L. V., de 40 años, trabajador del depósito asesinado a balazos la mañana del sábado 14 de noviembre, no se contuvieron. Señalaron directamente a Claudia Sheinbaum y a los tres niveles de gobierno por la inseguridad que permite estos ataques. Los agresores llegaron en un mototaxi rojo sin identificación, entraron, dispararon y huyeron; la Fiscalía de Oaxaca dice haberlos identificado por video y el C5i, pero hasta ahora no hay detenciones ni nombres públicos, y la hipótesis inicial apunta a un conflicto personal.
El caso no es aislado. Juchitán acumula decenas de homicidios dolosos este año (alrededor de 43-44 hasta septiembre según datos de la Fiscalía estatal), después de 103 en 2024 y 88 en 2025, y figura entre los municipios con mayor incidencia del país en tasa y en extorsión. La región del Istmo está marcada por la presencia de células como Los Cromos, vinculadas al CJNG, cobro de piso y ataques a negocios. En septiembre detuvieron al alcalde morenista Miguel Sánchez Altamirano por presuntos nexos con esas estructuras; antes, la violencia ya había escalado bajo administraciones locales del mismo signo. Despliegues militares de cientos de elementos no han contenido los asesinatos recientes, incluido el de un policía municipal días antes.
La familia tiene razón en exigir respuestas, no discursos. Bajo el gobierno federal de Sheinbaum, el estatal de Salomón Jara y los municipales morenistas, Juchitán sigue siendo uno de los puntos más calientes de Oaxaca, con alzas locales que contradicen cualquier narrativa de control. Identificar a los agresores sin capturarlos y mantener la impunidad de siempre no es estrategia de seguridad: es el mismo vacío de autoridad que permite que un empleado muera a plena luz del día y que los deudos tengan que ir a gritarle a la presidenta en la cinta amarilla.