CDMX.- En plena crisis del Instituto Nacional Electoral —tras la renuncia de Guadalupe Taddei acorralada por irregularidades en contratos, conflictos de interés y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación—, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por el atajo político: vincular al partido Somos y a su dirigente Guadalupe Acosta Naranjo con la red de proveedores electorales que recibió miles de millones en contratos. Citó a Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo superior de los hermanos Hernández Casillas, ahora militante de Somos, y arrastró de paso a Lorenzo Córdova. La respuesta no se hizo esperar. Acosta Naranjo le contestó en redes con dureza: “A mí investígame lo que quieras... Deja de dar maromas” y sentenció “Taddei es Morena, Taddei es AMLO, Taddei eres tú”.
El contexto real es más incómodo para el gobierno. Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 por insaculación en un Congreso donde Morena ya tenía el control, y la 4T celebró entonces su llegada y la reducción de sueldo. Ahora, con la UIF bloqueando a unas 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales (incluyendo, según reportes, a la propia Taddei y a los Hernández Casillas) y presentando denuncia ante la FGR, Sheinbaum pretende redirigir el escándalo hacia la oposición y hacia el pasado. El problema es que los contratos millonarios se concentraron durante años y las investigaciones de la ASF y el Órgano Interno de Control del INE ya apuntan a colusiones, triangulaciones y empresas sin capacidad real. Intentar convertir un caso de corrupción institucional en una pelea contra Somos suena más a distracción que a rendición de cuentas.
Lo que se ve es un gobierno que, ante la evidencia de un cochinero de contratos en el árbitro electoral, prefiere señalar al rival político de turno en lugar de asumir la responsabilidad de haber tolerado o ignorado la podredumbre mientras le convenía. Acosta Naranjo tiene razón en un punto: las maromas no sustituyen a las investigaciones serias. Si de verdad quieren limpiar el INE, que empiecen por no convertir cada auditoría en munición electoral.
