CDMX.- El 10 de septiembre de 2026, justo cuando el INE declaró iniciado el Proceso Electoral Federal 2026-2027 —500 diputaciones y más de 19 mil cargos locales, con 17 gubernaturas en juego—, Claudia Sheinbaum salió a defender los programas sociales como derechos universales y a negar que sirvan para comprar votos. “Es falso que se utilicen para un asunto de voto”, dijo. “¿No podría ser clientelar porque la reciben todos?”. El argumento es limpio en el papel: la pensión de adultos mayores, de más de 500 mil millones de pesos, no pregunta partido; el artículo 4 constitucional impide recortar esos recursos en términos reales; el gobierno presume cerca de 43 millones de derechohabientes y un billón de pesos al cierre de 2026.
Eso no cierra el expediente. Universalidad no es lo mismo que neutralidad política. El Estado sigue siendo el pagador, el Banco del Bienestar el cajero y “Bienestar” la marca del oficialismo. No todos los programas son universales —Sembrando Vida está focalizado— y el aumento de recursos llega con el calendario electoral ya encendido. El clientelismo moderno no necesita la pregunta grosera de “¿por quién vas a votar?”; basta con que el cheque, la tarjeta y el discurso lleguen con el sello del gobierno que busca conservar diputados y gubernaturas en 2027.
La propia presidenta delató el punto débil: reconoció que ahora “hay que cuidarse” y que moderará sus intervenciones para no chocar con la norma. El mismo día pidió a los partidos cumplir la ley y evitar denostaciones. Queda el contraste: el gobierno más gastador en transferencias pide mesura a los demás mientras insiste en que su maquinaria social no pesa en las urnas. Negarlo con una frase no lo vuelve cierto. El INE ya arrancó el cronómetro; lo que sigue no es un debate moral sobre la pobreza, sino si el poder puede seguir hablando, pagando y promocionando como si el proceso electoral no hubiera empezado.