Sheinbaum pide “pruebas” al Tesoro de EU… mientras Washington ya documentó cómo el CJNG financia campañas con huachicol
“¿Pruebas?”: Sheinbaum se hace la desentendida mientras EU destapa cómo el CJNG financia campañas con huachicol
CDMX.- En su mañanera de este miércoles, Claudia Sheinbaum cuestionó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vincular ganancias del huachicol fiscal controlado por el CJNG con el financiamiento de campañas electorales en México. Exigió evidencias y reiteró que el robo de combustible “ha disminuido”, un dato que Pemex respalda con una baja del 30% en pérdidas durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Ricardo Monreal, por su parte, pidió que Washington entregue las pruebas directamente a la FGR, como si el problema fuera solo de forma y no de fondo.
Lo que la presidenta y el senador morenista omiten es que el propio gobierno estadounidense ya lo explicó con claridad. En el comunicado de sanciones del 30 de junio y la alerta de FinCEN, se detalla que los carteles usan las ganancias del contrabando de combustible para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios mexicanos, con el objetivo explícito de elegir funcionarios corruptos que protejan sus operaciones y faciliten el blanqueo de dinero. No son insinuaciones: es la justificación oficial de las sanciones contra una red ligada al CJNG. Exigir “pruebas” cuando la evidencia ya está publicada en documentos del Tesoro es, en el mejor de los casos, una maniobra dilatoria; en el peor, una admisión de que el gobierno mexicano prefiere hacerse el desentendido antes que actuar contra el narco-poder que permea sus propias estructuras.
Esta reacción no es nueva. Cada vez que Washington señala vínculos entre crimen organizado y política, la respuesta oficial es la misma: pedir evidencias, negar o minimizar, y cambiar el tema. Mientras tanto, el mecanismo descrito por EU —huachicol que genera recursos para comprar protección política— sigue intacto. Exigir que le entreguen las pruebas a una Fiscalía que depende del mismo Ejecutivo que niega la gravedad del problema no genera credibilidad. Solo confirma que, para este gobierno, el combate real al crimen organizado sigue siendo secundario frente a la defensa del relato.