Sheinbaum promete “revisar” la Ley Serrano mientras en SLP siguen persiguiendo periodistas con una norma hecha a la medida del poder
Sheinbaum promete “revisar” la Ley Serrano que criminaliza a periodistas en San Luis Potosí
CDMX.- Claudia Sheinbaum anunció en su mañanera que revisará la llamada Ley Serrano de San Luis Potosí, esa reforma al Código Penal impulsada por el diputado Héctor Serrano (PVEM) y aprobada en noviembre de 2025 que castiga con hasta seis años de cárcel el “uso indebido” de inteligencia artificial. En seis meses ya sirvió para procesar y detener temporalmente a al menos dos periodistas (Érendira Reyes y Alejandra Hermosillo), investigar a varios más y generar decenas de órdenes de aprehensión contra comunicadores críticos del gobierno estatal de Ricardo Gallardo. Organizaciones como Artículo 19 y los propios periodistas locales la señalan como un instrumento vago y represivo que criminaliza la edición de imágenes, la sátira y la crítica política bajo el pretexto de proteger la “identidad”.
La respuesta presidencial llegó tarde y suena más a lavado de manos que a defensa firme de la libertad de expresión. Sheinbaum dijo que “nada puede ir en contra del derecho a la información”, pero evitó condenar de forma clara el uso político de la ley, no anunció ninguna medida concreta para proteger a los periodistas afectados y se limitó a hablar de un debate nacional sobre IA que ya debería estar resuelto si de verdad le importara el tema. Mientras tanto, el Congreso de SLP aplazó cualquier revisión y los afectados siguen enfrentando procesos judiciales impulsados por el mismo poder que la 4T dice combatir.
Lo más grave no es la ley en sí, sino que un gobierno federal que se presenta como garante de derechos permita —o al menos tolere— que un partido aliado (el Verde) la use para amedrentar a la prensa en un estado gobernado por sus socios. Prometer “revisar” sin plazos ni acciones concretas es la misma tibieza que ya vimos con otros atropellos estatales: mucha retórica y cero consecuencias reales para quienes criminalizan el periodismo.