CDMX.— La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, mantiene un esquema de seguridad reforzado por decisión directa del Gabinete de Seguridad federal. La medida se tomó tras “un análisis de riesgo”, según explicó la mandataria durante su conferencia matutina, justo después de que el gobierno de Estados Unidos revelara acusaciones graves en su contra.

Sheinbaum justificó la protección argumentando que cualquier gobernador con licencia, legislador o incluso un ciudadano “que tenga alguna consideración de riesgo” puede solicitarla ante la Guardia Nacional o el Gabinete de Seguridad. En el caso de Rocha Moya, el gabinete determinó que procedía otorgarla.

Esta decisión genera cuestionamientos legítimos sobre los criterios que utiliza el gobierno federal para evaluar “riesgos”. Proteger con recursos públicos a un funcionario señalado por el principal socio comercial y de seguridad de México —en un contexto donde Sinaloa es epicentro del narcotráfico— plantea dudas sobre si se está priorizando la lealtad política por encima de la transparencia y el Estado de derecho.

Contexto incómodo que Sheinbaum no abordó

Rocha Moya pidió licencia en medio de las acusaciones estadounidenses, lo que ya de por sí generó interpretaciones de que buscaba evitar responsabilidades o facilitar maniobras políticas.
Morena, su propio partido, ha guardado silencio o respuestas tibias durante varios días. El propio Alfonso Durazo reconoció que “Morena no está a prueba de ningún señalamiento”, pero la acción concreta del gobierno federal fue reforzar la seguridad del señalado, no investigar con mayor profundidad o tomar distancia.
Sinaloa vive una ola de violencia que no ha cesado. En lugar de enfocarse exclusivamente en esa crisis, el Gabinete de Seguridad viajará a Culiacán para reunirse con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla y “fortalecer la coordinación”. La pregunta que surge es si esa coordinación incluye o excluye al exgobernador con licencia.

Sheinbaum insistió en que se trata de un procedimiento “normal”, pero normalizar la protección federal a un alto funcionario acusado de vínculos graves con el crimen organizado en uno de los estados más violentos del país no es un detalle administrativo: es una señal política fuerte. Sugiere que, para el gobierno federal, la presunción de inocencia del aliado político pesa más que la gravedad de las acusaciones internacionales.

En resumen, la presidenta no solo confirmó la protección, sino que la enmarcó como algo rutinario y extensible a cualquier persona “en riesgo”. Con ello, evitó cualquier crítica o distancia hacia Rocha Moya y, de paso, envió un mensaje claro a su base: el movimiento protege a los suyos. Queda pendiente saber si esa misma agilidad y recursos se aplican con igual diligencia cuando las víctimas son ciudadanos comunes de Sinaloa o cuando las acusaciones provienen de otras fuentes.

Sheinbaum protege al narco-gobernador…