Sheinbaum quiere una encuesta ciudadana para votar por la reducción de financiación a los partidos políticos
Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum anticipó el probable resultado de la encuesta: “La gente no quiere que los partidos políticos tengan tantos recursos.
CDMX.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la realización de una encuesta ciudadana para que la población opine sobre puntos clave de la propuesta de reforma electoral, como la reducción de la financiación a los partidos políticos y la eliminación de los legisladores plurinominales, cargos que no requieren ser electos directamente por voto popular. Estas medidas han generado preocupación tanto en la oposición como en los aliados del Gobierno, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, quienes advierten que afectarán principalmente a los partidos más pequeños. La reforma, al implicar una modificación constitucional, requiere una mayoría calificada en el Congreso, lo que obliga a la coalición oficialista, liderada por Morena, a asegurar el respaldo de sus aliados.
Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum anticipó el probable resultado de la encuesta: “La gente no quiere que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hacen falta tantos para las elecciones, ni para que estas sean democráticas”. Además, señaló que la ciudadanía tampoco apoya la existencia de un número elevado de plurinominales, legisladores designados por listas partidistas.
Esta reforma retoma una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no prosperó en su momento por falta de apoyo legislativo. Sheinbaum, consciente de los obstáculos, enfrenta resistencias incluso dentro de su propio partido. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, ha expresado reparos sobre la eliminación total de los plurinominales, proponiendo en cambio una revisión del sistema para hacerlo más eficiente y fiel a su propósito original: garantizar la pluralidad en las Cámaras más allá de los resultados electorales. Este no es el primer desafío legislativo para Sheinbaum, cuya gestión ya ha enfrentado rechazos a otras iniciativas, lo que la obliga a buscar un consenso más amplio.
La encuesta ciudadana parece diseñada para fortalecer la posición de la presidenta. En México, como en otros países, la opinión pública tiende a rechazar un mayor financiamiento a los partidos, percibidos como beneficiarios de recursos excesivos y poco transparentes. Con esta consulta, Sheinbaum podría obtener un respaldo popular que legitime su propuesta, presentándola como una iniciativa apoyada por el pueblo, un enfoque similar al utilizado en la reciente reforma judicial. Esta última, promovida antes de las elecciones con la promesa de un refrendo ciudadano, contó con el apoyo de la mayoría obtenida por Morena en las urnas, en un contexto donde la ciudadanía reconoce las fallas del sistema judicial, marcado por irregularidades, influencias políticas y presiones de grupos poderosos, incluido el crimen organizado.
Para diseñar la reforma electoral, Sheinbaum ha creado una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y figura de confianza de la presidenta. Gómez, con experiencia en temas electorales, coordinará un diálogo amplio con legisladores, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos, buscando un consenso que evite críticas de imposición por parte de la mayoría oficialista. La oposición, sin embargo, ya ha expresado su temor a que la reforma se apruebe sin un acuerdo amplio. Para reemplazar a Gómez en la UIF, Sheinbaum designó a Omar Reyes, otro colaborador cercano de su trayectoria en cargos previos.
La reforma electoral representa un reto político crucial para Sheinbaum. Un traspié podría fortalecer a la oposición de cara a las elecciones de 2027, especialmente tras el precedente de la reciente elección popular de jueces, que generó controversia por su baja participación. La encuesta ciudadana se perfila como una herramienta estratégica para consolidar el apoyo popular y sortear las tensiones legislativas, en un esfuerzo por posicionar la reforma como un mandato ciudadano.