Sheinbaum rechaza el impuesto a remesas: resistencia retórica sin estrategia clara ante Estados Unidos
Sheinbaum argumentó que el impuesto representaría una doble tributación, ya que los migrantes mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos sobre sus ingresos.
CDMX.- En su conferencia matutina del 15 de mayo de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de “inaceptable” la iniciativa de legisladores republicanos en Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes. La propuesta, que afectaría principalmente a los mexicanos que residen en la Unión Americana, ha generado preocupación en México, el segundo mayor receptor mundial de remesas, con 64,745 millones de dólares en 2024, según datos del Banco de México.
Sheinbaum argumentó que el impuesto representaría una doble tributación, ya que los migrantes mexicanos en Estados Unidos ya pagan impuestos sobre sus ingresos. “Es incluso inconstitucional en Estados Unidos”, afirmó, aunque no especificó los fundamentos legales de esta aseveración. Su postura refleja una defensa de los derechos económicos de los casi 40 millones de personas de origen mexicano en territorio estadounidense, cuya contribución es vital para la economía mexicana, superando ingresos por turismo y petróleo.
El rechazo de Sheinbaum no se limita a la retórica. Anunció que México ya dialoga con representantes de otros países latinoamericanos afectados por la propuesta, buscando una respuesta coordinada para presionar a los congresistas estadounidenses. Esta estrategia sugiere un intento de construir un frente regional, aunque no se precisaron los países involucrados ni los avances concretos de estas conversaciones.
Las remesas son un pilar económico para México, representando una fuente de divisas crucial en un contexto de volatilidad global. En 2024, México recibió más remesas que India, según el Banco Mundial, consolidándose como el segundo receptor global. Este flujo financiero beneficia a millones de familias mexicanas, pero también expone al país a vulnerabilidades ante cambios en la política migratoria o fiscal de Estados Unidos.
La propuesta republicana, aunque no detallada en la información disponible, parece alinearse con posturas históricas de ese partido para restringir flujos financieros ligados a la migración. Sin embargo, su viabilidad es cuestionable: un impuesto de este tipo podría enfrentar oposición en el Congreso estadounidense por su impacto en comunidades migrantes y posibles conflictos legales relacionados con la doble tributación, como señaló Sheinbaum. Además, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de dinero, reduciendo la transparencia y aumentando riesgos como el lavado de dinero.
La respuesta de Sheinbaum es políticamente comprensible, pero carece de claridad en cuanto a las acciones concretas que México tomará más allá del diálogo regional. La alusión a la inconstitucionalidad del impuesto en Estados Unidos parece más un recurso discursivo que un argumento jurídico sólido, ya que no se citaron precedentes legales. Además, la falta de información sobre el estado de las negociaciones con otros países limita la evaluación de la efectividad de esta estrategia.
Por otro lado, la propuesta estadounidense refleja una tensión persistente en la relación bilateral, donde los intereses económicos de México chocan con las políticas antiinmigrantes de ciertos sectores en Estados Unidos. Si bien las remesas son un motor económico, México debe diversificar sus fuentes de ingreso para reducir su dependencia de estos flujos, un desafío que el gobierno de Sheinbaum aún no ha abordado con propuestas claras.
En conclusión, el rechazo de Sheinbaum a la iniciativa es un primer paso, pero México necesita una estrategia más robusta, tanto diplomática como económica, para proteger los intereses de sus migrantes y su economía. La coordinación con otros países y una comunicación más transparente sobre los pasos a seguir serán clave para enfrentar esta amenaza.