Sheinbaum rechaza spots anti-inmigrantes de EU en TV abierta mexicana y anuncia reformas para prohibir "propaganda extranjera" en medios nacionales
La presidenta anunció que enviará al Congreso una reforma para reincorporar disposiciones eliminadas en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
CDMX.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta semana su intención de impulsar reformas legales para prohibir la transmisión de propaganda extranjera pagada en medios mexicanos, en respuesta a la difusión de anuncios del gobierno de Estados Unidos que advierten sobre deportaciones de migrantes. Los spots, transmitidos en televisión abierta durante eventos deportivos el pasado fin de semana, han sido calificados por la mandataria y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) como discriminatorios, al contener mensajes que atentan contra la dignidad de las personas en situación de movilidad.
El contexto: una campaña con tintes políticos
Los anuncios en cuestión forman parte de una estrategia del gobierno estadounidense, impulsada bajo la administración de Donald Trump, que busca disuadir la migración irregular hacia su territorio. Según reportes verificados, estos spots, emitidos en horarios de alta audiencia, incluyen frases como: “Te perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”. El mensaje, dirigido a migrantes en tránsito, ha sido interpretado como una generalización que estigmatiza a las personas en movilidad, sin distinguir entre quienes cometen delitos y quienes buscan refugio o mejores condiciones de vida.
La transmisión de estos anuncios en México no es un hecho aislado. Desde 2024, el gobierno de EE.UU. ha intensificado sus campañas antiinmigrantes en la región, con un costo estimado de varios millones de dólares, según datos de la organización Migration Policy Institute. En México, la difusión de estos spots en canales concesionados ha generado controversia, no solo por su contenido, sino por el hecho de que un gobierno extranjero pague para influir en la opinión pública mexicana, un acto que Sheinbaum calificó de “propaganda discriminatoria”.
La respuesta mexicana: soberanía y derechos humanos
Sheinbaum, en conferencia de prensa, subrayó que su gobierno respeta la libertad de expresión, pero rechazó que esta se utilice para justificar mensajes que promuevan odio o violencia. En este sentido, citó un análisis del Conapred, que concluye que los anuncios “contienen un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad”. El organismo recomendó a las televisoras retirar los spots, aunque reconoció que, bajo la legislación actual, no hay base legal para sancionar su difusión.
La presidenta anunció que enviará al Congreso una reforma para reincorporar disposiciones eliminadas en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que prohibían a concesionarios de radio y televisión transmitir “propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras” que busquen influir en asuntos internos del país. Esta modificación, según Sheinbaum, busca cerrar la puerta a campañas como la actual, que considera una afrenta a la soberanía mexicana y a los derechos humanos.
La derogación de estas restricciones en 2014, bajo la reforma en telecomunicaciones impulsada por Peña Nieto, ha sido cuestionada por expertos en derecho y comunicación. Según un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la eliminación de dichas cláusulas se justificó entonces como una medida para liberalizar el mercado de medios, pero dejó un vacío legal que permite a actores extranjeros financiar propaganda en México sin restricciones claras. Sheinbaum pidió investigar los motivos detrás de esta decisión, sugiriendo posibles intereses económicos o políticos en juego.
Un debate más allá de la prohibición
La propuesta de Sheinbaum no busca censurar a las televisoras, sino regular el uso de recursos extranjeros en mensajes que contravengan los principios constitucionales de México, como la no discriminación y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el tema plantea dilemas complejos. Por un lado, está la defensa de la soberanía nacional y la protección de grupos vulnerables; por otro, el riesgo de que regulaciones excesivas limiten la libertad de los medios.
Expertos como Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, han señalado que la reforma debe ser precisa para evitar interpretaciones ambiguas que puedan coartar derechos. “Prohibir propaganda extranjera pagada es legítimo, pero debe distinguirse claramente de otros contenidos, como la promoción cultural o turística, que no representan una amenaza”.
Además, la controversia pone en el centro el papel de las televisoras concesionadas. Empresas como Televisa y TV Azteca, que dominan el mercado mexicano, han sido criticadas por aceptar estos contratos sin evaluar el impacto social de los mensajes. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el sector de la televisión abierta genera ingresos anuales de más de 30 mil millones de pesos, de los cuales una parte significativa proviene de publicidad. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad ética de los medios en la selección de sus anunciantes.
Implicaciones regionales y diplomáticas
El rechazo de México a los spots antiinmigrantes también tiene un trasfondo geopolítico. La relación bilateral con Estados Unidos, marcada por tensiones en temas migratorios, comerciales y de seguridad, se ve afectada por iniciativas como esta. México ha recibido en los últimos años a millones de migrantes centroamericanos, caribeños y de otras regiones, muchos de los cuales buscan llegar a EE.UU. Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) indican que en 2024 se registraron más de 140 mil solicitudes de asilo en el país, un récord histórico.
En este contexto, los anuncios estadounidenses no solo impactan a los migrantes, sino que complican los esfuerzos de México por gestionar flujos migratorios de manera ordenada y humanitaria. La postura de Sheinbaum, alineada con la defensa de los derechos humanos, contrasta con la retórica endurecida de la administración Trump, lo que podría generar fricciones diplomáticas en un momento en que ambos países negocian acuerdos en materia de migración y comercio.
Hacia una regulación con claridad
La iniciativa de Sheinbaum para reformar la ley de radiodifusión representa un intento de recuperar el control sobre el espacio mediático mexicano y proteger a las poblaciones vulnerables de mensajes discriminatorios. Sin embargo, su éxito dependerá de la redacción precisa de la reforma, el respaldo en el Congreso —donde Morena mantiene una mayoría sólida— y la capacidad de las autoridades para implementar sanciones efectivas sin caer en la censura.
Mientras tanto, la controversia ha reavivado el debate sobre el poder de los medios y la influencia extranjera en México. En un país con una larga historia de defensa de su soberanía, la transmisión de propaganda pagada por un gobierno extranjero no es solo un problema legal, sino un recordatorio de los desafíos que enfrenta la nación para proteger su identidad y sus valores en un mundo globalizado.