CDMX.- El 22 de octubre de 2026, en la mañanera, Claudia Sheinbaum justificó el freno a la Modalidad 40 (Continuación Voluntaria) del IMSS con la detección de “esquemas fraudulentos” que permitían pensiones altas “que no le correspondían al trabajador”, con un impacto de “cientos de miles de millones”. El acuerdo, publicado el 21 en el Diario Oficial y vigente desde el 22, limita las nuevas inscripciones al último salario base registrado más una sola UMA (117.31 pesos diarios en 2026), elimina las altas retroactivas y obliga a trámites digitales. Quienes ya están inscritos conservan sus condiciones hasta que termine el periodo contratado.
El problema es que la presidenta no presentó un solo caso concreto, una cifra desglosada ni un número de denuncias. Hablar de “cientos de miles de millones” sin evidencia pública suena más a justificación de un recorte fiscal que a combate real al fraude. La Modalidad 40 es un esquema legal: gente que dejó de tener patrón y paga de su bolsillo para mejorar un promedio salarial bajo y no jubilarse con una pensión de miseria. Limitarla al último sueldo + 1 UMA pega sobre todo a quienes cotizaron bajo y ahorraron para subir su pensión de forma lícita, no solo a los que simularon altas falsas.
Diputados del PAN ya advirtieron que hacerlo por decreto puede vulnerar derechos adquiridos y pidieron revisión legislativa. Ricardo Monreal habló de “dar congruencia jurídica”. Mientras tanto, el gobierno habla de “proteger las pensiones reales” justo cuando el sistema de pensiones del IMSS cruje por falta de recursos y los trabajadores del instituto salen a protestar por salarios y condiciones. Castigar a todos por unos cuantos abusos, sin perseguir judicialmente a los defraudadores ni mostrar las pruebas, no es combate a la corrupción: es un ajuste de cuentas disfrazado de moralina.