Sheinbaum se atrinchera: defiende a Rocha Moya y exige “pruebas” mientras EU lo acusa de pacto con los Chapitos
Sheinbaum blindó a Rocha: “No hay pruebas” y le da oxígeno al señalado por Los Chapitos
CDMX.- Claudia Sheinbaum volvió a plantarse ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. En su mañanera del 16 de junio, insistió en que no existe plazo para que Estados Unidos entregue información adicional y que “no han presentado pruebas que sustenten una detención urgente”. Redujo la Corte de Distrito Sur de Nueva York a “una oficina del Departamento de Justicia” y reiteró que México no entregará funcionarios sin evidencias sólidas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reforzó la línea oficial: Rocha Moya “no cuenta con protección de ninguna corporación federal” ni ha solicitado medidas del Gabinete de Seguridad. Cualquier escolta, dijo, es estatal. El mensaje busca desmentir versiones de resguardo federal y alejar al gobierno central de cualquier vínculo directo.
El contexto que no se cuenta completo
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) desclasificó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Los cargos incluyen conspiración para tráfico de drogas y posesión de armas automáticas, en alianza con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según el documento judicial, el grupo criminal habría apoyado la elección de Rocha en 2021 mediante intimidación y secuestros de rivales, a cambio de protección e impunidad para operar hacia Estados Unidos.
Entre los acusados figura el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa bajo Rocha, quien ya se entregó a autoridades estadounidenses. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, se deslindó: “La Defensa no tiene nada que opinar” y no existe relación laboral con Mérida desde su retiro en 2022, solo trámites administrativos como haberes de retiro.
Sheinbaum ha repetido el mismo argumento desde abril: México exige pruebas concretas, recuerda que EU ha rechazado decenas de solicitudes mexicanas de extradición por falta de evidencia y defiende el debido proceso y la soberanía. Hasta ahora no hay juicio formal de extradición, solo la solicitud de detención urgente.
La crítica que duele
El problema no es defender la soberanía ni pedir pruebas. El problema es el doble rasero y el timing. Mientras Sheinbaum minimiza la corte neoyorquina que condenó al Chapo y a García Luna, y mientras Harfuch oscila entre “sí hay protección preventiva” y “no hay escolta federal”, el mensaje que llega es de blindaje político a un gobernador de Morena señalado por la justicia estadounidense de pacto directo con el narcotráfico.
La exigencia de “pruebas contundentes” suena razonable en abstracto, pero se convierte en escudo cuando se aplica de forma selectiva a aliados del partido en el poder. Rocha Moya sigue libre en Sinaloa, con escolta estatal según el gobierno federal, mientras la acusación estadounidense detalla reuniones, promesas de protección y facilitación de operaciones de droga. El gobierno mexicano investiga, dice, pero el ritmo y el tono público transmiten más preocupación por la “injerencia” que por el contenido de las acusaciones.
Esto no es solo un caso judicial. Es una prueba de fuego para la relación bilateral bajo Trump: o México coopera con evidencia o asume el costo de proteger a sus propios señalados. Llamar “oficina” a la SDNY no borra los cargos ni las implicaciones de un posible narco-gobierno en Sinaloa. La soberanía no se defiende escondiendo la cabeza; se defiende demostrando que el Estado mexicano puede y quiere juzgar a sus corruptos sin importar el color del partido.
Por ahora, el relato oficial es claro: no hay plazo, no hay pruebas suficientes y Rocha no tiene protección federal. El resto —las contradicciones, las imágenes de resguardo, la impunidad percibida— lo deja a la interpretación de quien vea los videos y lea la acusación de Nueva York. El tiempo y las acciones dirán si esto es defensa del debido proceso o simple protección de los propios.