CDMX.- El 17 de septiembre autoridades federales y de Guanajuato anunciaron el aseguramiento de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel —el equivalente a casi dos mil pipas— en la terminal de La Fragua, San José Iturbide. Lo presentaron como el mayor decomiso del sexenio contra el huachicol. Días después, la misma Fiscalía General de la República admite que ninguna de las empresas vinculadas ha acreditado de forma completa el origen, el manejo ni el destino del combustible. La planta, operada por Gas Natural del Noroeste (Grupo SIMSA) con permisos vigentes desde 2016, no está clausurada, no hay detenidos en el operativo y el caso ya lo atrae la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada por su complejidad fiscal. La gobernadora Libia Dennise García lo dijo sin rodeos: la compañía no ha demostrado la legalidad del hidrocarburo y debe presentar facturas o documentos de importación.
Claudia Sheinbaum, que el 18 de septiembre celebró el operativo como prueba de coordinación incluso con un gobierno panista, este lunes se encogió de hombros: “Lo tiene que informar la Fiscalía”. Argumentó autonomía. El mismo argumento que no aplica cuando la mañanera sirve para marcar la agenda de investigaciones que sí convienen. El resultado es un espectáculo a medias: se vende el volumen récord, se omite que la investigación nació de una sola pipa de 33 mil litros en julio y se deja en el aire si se trata de contrabando, huachicol fiscal o un almacenamiento legal mal documentado. Invertir la carga de la prueba —que la empresa demuestre inocencia antes de que la autoridad acredite el delito— no es rigor; es precipitación con costo político.
México no necesita otro anuncio de “golpe histórico” que se desdibuja a los cuatro días. Necesita que la FGR explique de una vez qué irregularidad concreta justificó el cateo, quién es el dueño real de esos 59 millones de litros y por qué un operativo de esta magnitud sale sin un solo detenido. Mientras la presidenta se esconde detrás de la autonomía que ella misma erosiona cuando le conviene, el combustible sigue ahí, la planta opera y la ciudadanía se queda con la misma duda de siempre: ¿se combate el ilícito o se administra el relato?