Sheinbaum se niega a entregar a Rocha Moya y opta por el encubrimiento de narco-funcionarios de Morena: “Es un asunto político”
La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿hasta dónde está dispuesta Sheinbaum a llegar para proteger a sus cuadros?
CDMX.— En una clara muestra de lealtad partidista por encima de la justicia y la cooperación internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió este 30 de abril de 2026 blindar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Morena acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, conspiración y vínculos directos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. En lugar de actuar con transparencia y entregar a los implicados —como exige Washington—, Sheinbaum optó por la narrativa del “ataque político” y la “defensa de la soberanía”, un discurso que suena más a encubrimiento que a Estado de derecho.
El gobierno mexicano recibió la solicitud formal de detención con fines de extradición, pero la Cancillería y la propia presidenta han respondido con evasivas: “no hay pruebas claras”. Mientras tanto, Rocha Moya —quien según la acusación de EU habría recibido apoyo del cártel para llegar al poder en 2021 a cambio de protección e impunidad— se declara “tranquilo” y asegura haber recibido el respaldo directo de Sheinbaum. El mensaje es claro: en Morena, los narco-funcionarios tienen fuero presidencial.
Sheinbaum se presenta ante la nación con el lema “Verdad, justicia y defensa de la soberanía” y ofrece la siguiente declaración completa (transcripción literal de sus palabras en la conferencia):
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.”
Con esta frase, Sheinbaum resume su estrategia: finge no encubrir mientras descalifica de antemano cualquier evidencia que presente Estados Unidos. No promete investigar con rigor, no separa del cargo a Rocha Moya, no ofrece cooperación plena con la DEA ni con la Fiscalía General de la República. Simplemente declara que, mientras no haya “pruebas claras” según los criterios de Palacio Nacional, todo es una maniobra política de Washington.
El timing no es casual. La acusación de EU llega en un momento de máxima tensión bilateral y justo cuando Morena enfrenta el desgaste de años de señalamientos sobre la “narcopolítica”. En lugar de cortar de tajo con cualquier sombra de complicidad —como exigiría cualquier gobierno serio—, Sheinbaum elige la vía del victimismo y la confrontación diplomática. Es el mismo manual que usó López Obrador durante años: negar, descalificar y proteger al compañero de partido.
Mientras tanto, Sinaloa sigue bajo el fuego cruzado de los Chapitos y la Mayiza, con un gobernador señalado por el gobierno más poderoso del mundo como operador del cártel. Y la presidenta de México, en vez de priorizar la seguridad de los mexicanos y la credibilidad internacional, opta por el encubrimiento institucional y el discurso soberanista de ocasión.
La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿hasta dónde está dispuesta Sheinbaum a llegar para proteger a sus cuadros? Porque si “verdad y justicia” significan esto, entonces para Morena la soberanía se mide en dosis de impunidad.



