Sheinbaum va ganando 2-0: Los “intocables” de Morena que acumulan acusaciones graves y siguen libres
Mientras Sheinbaum suma dos exgobernadores de oposición en el Altiplano, ninguno de alto nivel de Morena ha pisado la cárcel.Rubén Rocha Moya, Adán Augusto, Inzunza, Durazo y otros cargan indictments.
CDMX.— En poco menos de dos años de gobierno, el sexenio de Claudia Sheinbaum presenta un marcador claro en materia de persecución penal de alto nivel: dos exgobernadores de oposición detenidos y cero de Morena. No se trata de una coincidencia estadística menor. Es el reflejo de un patrón estructural de justicia selectiva que atraviesa sexenios, pero que bajo la llamada Cuarta Transformación ha alcanzado una claridad casi didáctica.
El 16 de julio de 2026, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Ensenada, Baja California, a Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México (PAN, 1989-1995). Las acusaciones: delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (“huachicol fiscal”) a través de la empresa Ingemar, de la que era socio mayoritario. La FGR estimó un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos. Días después fue vinculado a proceso y enviado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. La oposición lo calificó de “preso político”; Sheinbaum y la FGR insistieron en que se trata de un asunto criminal con pruebas abundantes y que hay al menos otros siete detenidos en la misma red.
Menos de un mes después, el 6 de agosto de 2026, cayó el segundo. Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 (primero por el PRI y luego por el PRD), fue detenido en el Estado de México. La FGR lo acusa de haber ordenado el ocultamiento o destrucción de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, evidencia clave del caso Ayotzinapa. Los cargos formales: delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada. También ingresó a El Altiplano. Sheinbaum negó cualquier trasfondo político y atribuyó la detención a “nuevos hallazgos” y un reanálisis de sábanas telefónicas y testimonios.
Mientras tanto, el marcador del lado de Morena permanece en cero en el nivel de gobernadores y exgobernadores. Existen señalamientos públicos, denuncias de oposición e incluso indictments de autoridades estadounidenses (el caso más visible es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa). Ninguno ha sido detenido ni procesado de manera equivalente en territorio mexicano. Sí han caído alcaldes y funcionarios de menor rango de Morena (Operativo Enjambre), pero el contraste de rango es evidente: los grandes nombres del partido gobernante siguen fuera del alcance de la prisión preventiva oficiosa.
Este 2-0 no es un accidente. Es la continuación, con mayor refinamiento discursivo, del patrón observado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: ninguna figura de primer nivel de Morena terminó en la cárcel por corrupción o delincuencia organizada, pese a múltiples acusaciones. La retórica oficial insiste en que “no hay impunidad” y que “ningún partido es paraguas”. Los datos de alto perfil dicen otra cosa.
Lista de funcionarios de alto nivel de Morena con perfil sospechoso alto (candidatos frecuentes a investigación/prisión según denuncias públicas, reportes y acusaciones de EE.UU.):
Rubén Rocha Moya – Gobernador con licencia de Sinaloa. Acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EE.UU. (abril 2026) de conspirar con el Cártel de Sinaloa (facción Los Chapitos) para tráfico de fentanilo y otros narcóticos a cambio de apoyo electoral y protección. Solicitud de extradición pendiente; sigue libre en México.
Adán Augusto López Hernández – Senador, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación. Múltiples denuncias por presuntos nexos con redes de huachicol fiscal, delincuencia organizada y corrupción durante su gestión en Tabasco (incluyendo el caso de su exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, detenido y ligado a “La Barredora”).
Enrique Inzunza Cázarez – Senador de Morena y exsecretario general de Sinaloa. Incluido en la misma acusación formal de EE.UU. junto a Rocha Moya por conspiración de importación de narcóticos y delitos de armas.
Américo Villarreal Anaya – Gobernador de Tamaulipas. Señalamientos reiterados de financiamiento ilícito (incluyendo la llamada “Red Carmona” de huachicol) y presuntos nexos con el crimen organizado en su campaña y gobierno.
Alfonso Durazo Montaño – Gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad. Mencionado en listas de investigación de EE.UU. y denuncias por presuntos vínculos con redes de huachicol y omisiones en seguridad.
Marina del Pilar Ávila Olmeda – Gobernadora de Baja California. Revocación de visa por EE.UU. y señalamientos de nexos de su entorno cercano con células del Cártel de Sinaloa; investigaciones por posible protección o financiamiento irregular.
Mario Delgado Carrillo – Secretario de Educación Pública y expresidente nacional de Morena. Aparece en reportes de la “Red Carmona” y otras investigaciones por presunto manejo de recursos ilícitos para campañas del partido.
Estos son los nombres de mayor perfil que concentran acusaciones documentadas (indictments de EE.UU., denuncias formales ante la FGR, reportes periodísticos de redes de huachicol y financiamiento ilícito). Ninguno ha sido detenido ni procesado de forma equivalente en México hasta la fecha.
La comparación con Peña Nieto: el campeón (a pesar de sí mismo)
Aquí es donde la comparación se vuelve inevitable e incómoda. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el PRI sí procesó y detuvo a varios de los suyos. No fue un ejercicio de pureza moral ni de justicia plena —el sexenio peñista estuvo marcado por escándalos de corrupción, la Casa Blanca, Odebrecht y un deterioro de la seguridad—, pero sí ocurrió algo que no ha ocurrido con la misma intensidad bajo Morena: la caída de gobernadores del partido en el poder.
Los casos más visibles:
Javier Duarte de Ochoa (Veracruz, PRI). Detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala tras meses prófugo. Extraditado a México. En 2018 se declaró culpable y fue sentenciado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Roberto Borge Angulo (Quintana Roo, PRI). Detenido el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto de Tocumen, Panamá.
Tomás Yarrington Ruvalcaba (Tamaulipas, PRI). Detenido el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia.
Andrés Granier Melo (Tabasco, PRI). Detenido en junio de 2013.
Otros que enfrentaron procesos o detenciones en ese periodo o con órdenes giradas entonces: Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas), Jesús Reyna García (interino de Michoacán), Flavino Ríos (Veracruz), y el inicio de las investigaciones formales contra César Duarte Jáquez (Chihuahua), aunque su captura definitiva ocurrió después.
En total, al menos seis a ocho exgobernadores priistas enfrentaron detenciones o procesos serios durante o a raíz de acciones de la PGR bajo Peña Nieto. El propio presidente, en conferencia de prensa del 18 de abril de 2017, pidió públicamente que el peso de la justicia cayera sobre Duarte y Yarrington. También hubo detenciones de panistas (Guillermo Padrés en Sonora, Luis Armando Reynoso Femat en Aguascalientes), pero el dato relevante es que el partido gobernante no quedó blindado en el nivel alto.
Esta acción tuvo un efecto paradójico y devastador para el PRI. Cada detención de un “nuevo PRI” (la generación que Peña Nieto había presentado como renovada) alimentó la narrativa de corrupción estructural del partido. La oposición de entonces —especialmente el movimiento que cristalizaría en Morena— capitalizó políticamente esas imágenes de exgobernadores priistas esposados o prófugos. El desgaste reputacional fue enorme y contribuyó, junto con otros factores, al desplome electoral del PRI y al triunfo de López Obrador en 2018.
Hoy, esa misma oposición convertida en gobierno no aplica el mismo estándar a sus propios cuadros de alto nivel. La diferencia no es menor: Peña Nieto, con todos sus defectos, permitió o impulsó que la justicia alcanzara a varios de “los suyos”. AMLO y Sheinbaum han preferido el blindaje selectivo, combinado con detenciones de figuras de oposición que, aunque puedan tener sustento penal, ocurren en un contexto de asimetría evidente.
Conclusión: el costo de la selectividad
La justicia selectiva no es invento de un partido. El PRI la practicó durante décadas. El PAN tuvo sus omisiones. Pero la consistencia del patrón bajo la 4T —cero altos mandos de Morena en la cárcel frente a la caída de opositores de peso— es particularmente reveladora porque ocurre bajo un discurso que prometió acabar con la impunidad.
Reconocer que Peña Nieto encarceló a varios de los suyos no lo convierte en un ejemplo de integridad. Reconocer que AMLO y Sheinbaum no lo han hecho no es una acusación gratuita: es la constatación de un hecho verificable con fechas, nombres y carpetas. El 2-0 actual no es un triunfo de la legalidad. Es la continuación de una lógica de poder en la que el color del partido sigue pesando más que la gravedad del delito. Y esa lógica, como ya se demostró con el PRI, termina pasando factura.
