Sheinbaum y el polémico desvío de los fideicomisos del Poder Judicial: ¿Solución financiera o abuso de poder?
Sheinbaum aseguró que “no hay nada irregular” en el uso de estos fondos y que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial están garantizados
CDMX.- Durante su conferencia matutina conocida como La Mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial serán destinados a fortalecer el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a apoyar a los maestros. Sin embargo, esta decisión ha desatado una ola de críticas y acusaciones de irregularidades, en un contexto donde el gobierno enfrenta serios problemas fiscales y una creciente desconfianza ciudadana.
Sheinbaum aseguró que “no hay nada irregular” en el uso de estos fondos y que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial están garantizados. No obstante, esta afirmación choca con la realidad legal y financiera. Según un comunicado oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), disponible en su sitio web, los fideicomisos del Poder Judicial están destinados específicamente a cubrir derechos laborales adquiridos, como pensiones, indemnizaciones y prestaciones de los trabajadores judiciales, incluyendo magistrados y jueces. Estos fondos, que ascienden a 16,381 millones de pesos, son un recurso protegido por ley, y su reasignación ha sido calificada por usuarios en redes sociales como un “vil robo”. En X, generó reacciones airadas: “Se robaron ese dinero que no es suyo, eso los hace rateros”, escribió el usuario @OctavioGomezA, mientras que @LMarianaLuna señaló que “Sheinbaum carece de argumentos jurídicos” para justificar esta medida.
El trasfondo de esta decisión revela una estrategia más amplia del gobierno de Sheinbaum para enfrentar la presión financiera que atraviesa el país. Los fideicomisos del Poder Judicial se han convertido en una especie de “comodín de emergencia” para la administración federal. Estos fondos ya habían sido comprometidos previamente para financiar la elección judicial y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero su uso ha sido insuficiente: de los 64,000 millones de pesos necesarios anualmente para este último, los fideicomisos apenas cubren el 26%. Además, la transferencia de 17,000 millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial a la tesorería del Estado fue bloqueada por Nacional Financiera (Nafin) en febrero de este año, según informó la SCJN, lo que pone en duda la viabilidad legal y operativa de las promesas de Sheinbaum.
El anuncio también llega en un momento de creciente tensión económica en México. La reasignación de recursos a programas sociales y al ISSSTE parece ser una respuesta a la insostenibilidad financiera de las políticas actuales, como lo señaló el usuario de X @Justiciaylibe: “Lo que la presidenta no dice es que NO hay recursos y que eso de estar regalando dinero con los programas sociales es insostenible”. Este comentario refleja una preocupación más amplia sobre la capacidad del gobierno para manejar el déficit fiscal, un problema que, según un análisis de Scielo México, se agrava por la ineficiencia en la recaudación de impuestos y la creciente deuda interna, que presiona las tasas de interés y limita los fondos disponibles para el sector privado.
La decisión de Sheinbaum no solo ha generado cuestionamientos legales, sino también un debate ético y político. ¿Es legítimo usar fondos destinados a un sector específico para tapar agujeros en otras áreas? ¿O se trata de una maniobra que pone en riesgo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y la independencia de este poder? Mientras el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para fortalecer instituciones como el ISSSTE y apoyar a los maestros, las críticas no cesan. Usuarios como @DanaEscalante4 y @gussicuellar se preguntaron en X: “¿Para los maestros? ¿Cómo por qué?” y “¿Por qué para los maestros?”, evidenciando la falta de claridad en los criterios de reasignación.
En un país donde la confianza en las instituciones está en entredicho, la gestión de estos recursos será un termómetro clave para medir la credibilidad de la administración de Sheinbaum. Por ahora, la polémica está lejos de resolverse, y el destino de los fideicomisos del Poder Judicial sigue siendo un campo de batalla entre las necesidades fiscales del gobierno y los derechos laborales de los trabajadores judiciales. Lo que está claro es que, en este juego de números, la transparencia y la legalidad serán fundamentales para evitar que esta medida se convierta en un nuevo capítulo de desencanto ciudadano.