Veracruz.- En la madrugada del 8 de septiembre, con quirófanos detenidos por falta de gasas, suturas y material básico, Roberto Ramos Alor —coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz— no ofreció calendario ni responsabilidad. A una residente que preguntó qué decirle a pacientes que ya esperaban diez días más, le soltó que si se sentía “ofendida” por no tener herramientas, que no operara. Y remató con lo que no es diálogo, sino amenaza: ella es residente, depende de la institución y su evaluación “depende de nosotros”.
No es un desliz aislado. Ramos Alor ya fue secretario de Salud con Cuitláhuac García, salió envuelto en críticas por insumos y oncológicos, y bajo Rocío Nahle volvió a mandar el sistema. En junio, madres de niños con cáncer denunciaron estudios que no llegan y un menor de tres años que murió sin diagnóstico preciso. En agosto, ante denuncias del CAE de Xalapa —incluido un millar de cirugías pendientes—, el coordinador habló de “campaña de odio” y “privilegios perdidos”. El patrón es el mismo: primero se niega el hueco, luego se culpa a quien lo muestra.
IMSS-Bienestar se deslindó, prometió “medidas correctivas” y anunció millones de piezas después de las protestas. Ramos Alor se disculpó cuando el video ya era imparable. Tarde. Mientras tanto hay pacientes con el brazo fracturado un mes sin cirugía y hospitales que trabajan con lo que hay, no con lo que deberían. La frase no es un mal momento: es la doctrina de un sistema que evalúa a quien exige insumos y deja al enfermo esperando. No somos Dinamarca. En Veracruz, ni siquiera se llegó a lo mínimo: no amenazar a quien se niega a operar a ciegas.
