Sin justicia ni respuestas: La Marina desapareció a 54 personas en 2018 y el gobierno de AMLO dejó a las familias en el abandono, denuncia CDHNL
¿Cuánto más tendrán que esperar estas familias para encontrar justicia?
Nuevo Laredo.- En un nuevo capítulo de la interminable crisis de desapariciones forzadas en México, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) ha levantado la voz para denunciar el abandono sistemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia las familias de 54 víctimas desaparecidas por la Marina en 2018. Este señalamiento, que pone en el centro de la controversia a una de las instituciones más emblemáticas del Estado mexicano, expone no solo la impunidad que rodea estos casos, sino también la falta de voluntad política para buscar justicia y verdad en un país donde la cifra de personas desaparecidas supera las 125,000 hasta marzo de 2025.
De acuerdo con el CDHNL, 52 de los 54 casos documentados entre enero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, involucran a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), entonces bajo el mando del almirante Marco Antonio Ortega Siu. A estos se suman dos casos adicionales ocurridos en diciembre de ese mismo año, también atribuidos a la Marina. Las víctimas, entre las que se encuentran mujeres y menores de edad, fueron detenidas durante operativos que, según el Comité, derivaron en desapariciones forzadas. Hasta la fecha, 32 personas siguen sin ser localizadas, incluyendo tres mujeres y dos menores, mientras que 19 fueron halladas sin vida por sus propios familiares, un dato que refleja la inacción de las autoridades.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, no escatimó en críticas al señalar que, a pesar de un acto de disculpa pública derivado de la Recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “no existe ninguna sentencia condenatoria en firme contra los responsables”. Este vacío de justicia, según Ramos, es una constante en el sexenio de AMLO, quien prometió castigar a los culpables sin importar su pertenencia a las fuerzas armadas, una promesa que, a juicio de las familias, quedó en el aire. “Se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos”, lamentó Ericka Arredondo Flores, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 18 de febrero de 2018.
El panorama que describe el CDHNL es desolador: ninguna institución del Estado mexicano parece mostrar un interés real por localizar a las víctimas. Dependencias como la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) han negado reuniones de seguimiento a las familias, mientras que la CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra Ibarra, ha sido señalada por su ineficiencia. Ramos Vázquez incluso exigió la renuncia de Piedra Ibarra, acusándola de minimizar el caso y de excluir a más de 20 víctimas de la recomendación para no exhibir lo que califica como un “operativo de Estado”. Por su parte, la FGR ha sido incapaz de demostrar la responsabilidad de 24 marinos en cuatro carpetas procesales, lo que llevó a su liberación por un juez federal, y la CEAV no ha realizado ninguna reparación integral a cinco años de emitida la recomendación.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una crisis estructural de desapariciones forzadas en México, donde tanto agentes del Estado como el crimen organizado han sido señalados como responsables. Según datos de la ONU, entre 2006 y 2023 se han identificado aproximadamente 5,600 fosas clandestinas en el país, y para 2021, más de 95,000 personas estaban registradas como desaparecidas, una cifra que ha seguido creciendo. En el caso de Nuevo Laredo, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED) ya había documentado en 2018 estas desapariciones, enviando acciones urgentes al gobierno mexicano, un esfuerzo que, según Ramos Vázquez, ha sido desestimado por figuras como Luisa María Alcalde y Gerardo Fernández Noroña, quienes han negado la existencia de desapariciones forzadas en el país.
La tragedia de las 54 víctimas de Nuevo Laredo es un recordatorio doloroso de la impunidad que permea en México. Mientras las familias siguen buscando a sus seres queridos, el Estado parece más interesado en proteger su imagen que en enfrentar una realidad que, para miles, es una herida abierta. ¿Cuánto más tendrán que esperar estas familias para encontrar justicia? La respuesta, por ahora, sigue siendo tan esquiva como sus desaparecidos.