La versión de que Guadalupe Taddei ya estaría refugiada en Estados Unidos ha ganado fuerza en las últimas horas. Pero no es un supuesto al aire, esta versión incluso ya corre en los pasillos de la Cámara de Senadores. El senador Mauricio Vila —ex gobernador panista de Yucatán— lo soltó ayer durante un chacaleo de reporteros: “se dice que Guadalupe Taddei ya está en Estados Unidos”.
No es una filtración de oposición; es la versión que circula con detalles concretos desde finales de octubre. Tras formalizar su renuncia al INE el 26 de ese mes —en medio de videos, audios y reportajes que exhiben cercanía con contratistas, viajes y posibles conflictos de interés—, la exconsejera presidenta habría regresado a Sonora, cruzado por Naco y terminado en una propiedad familiar en Palominas, Arizona, con escolta discreta de la policía estatal. Fuentes periodísticas lo han sostenido; el gobierno no lo desmiente con pruebas, solo con evasivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que “saben” o presumen que sigue en México, pero no aporta ni un dato verificable. El Instituto Nacional de Migración le responde que es información privada y personal. Es decir, ni confirma ni desmiente de manera transparente el paradero de quien hasta hace semanas presidía el órgano encargado de la certeza electoral. Al mismo tiempo, se acepta que la Fiscalía General de la República aún no avanza con la celeridad que el caso exige: hay denuncias del propio INE, bloqueo de cuentas por la UIF y auditorías de la ASF en curso, pero la carpeta no parece prioritaria. Compárese con otros asuntos donde en días se localiza, detiene y exhibe. La selectividad es evidente y daña más que cualquier video.
Alejandro Moreno, del PRI, tiene razón en una parte del debate: si se quiere revisar el pasado electoral, que se revisen también las de 2018 y 2024, cuando Taddei ya formaba parte del INE y en la última ocupaba la presidencia. En esta eventual auditoria la propia acusadora —la presidenta Sheinbaum— podría salir embarrada. Las sospechas de algoritmos, actas incompletas o favorecimiento en las pasadas elecciones presidenciales pueden revivir si un órgano autónomo remueve el pasado electoral cercano.
La confianza popular en el árbitro electoral no se restaura con comunicados que minimizan ni con la renuncia de una sola persona y de su círculo cercano (ya van decenas de salidas). Se restaura con investigación exhaustiva, localización clara de los involucrados y resultados públicos, no con la opacidad de “es asunto privado” cuando se trata de recursos públicos y de la institución que organiza las elecciones.
El riesgo es real: a menos de un año de los comicios de 2027, el árbitro electoral carga un escándalo de contratos, posibles colusiones y ahora un paradero difuso de su expresidenta. Si Taddei está en Arizona, hay que decirlo y actuar. Si está en México, hay que mostrarlo y que la FGR investigue con la misma urgencia que en otros casos.
Lo que no puede seguir es la versión de que “todo está bajo control” mientras el país pregunta, con justa desconfianza, dónde está quien debía garantizar que cada voto contara. La democracia mexicana no se defiende con presunciones; se defiende con hechos, transparencia y consecuencias. Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá abierta: ¿Taddei en USA?
