CDMX.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones actualizó el 6 de septiembre la regulación del alertamiento celular: a partir del último trimestre de 2026 se sumará una Alerta Máxima —con sonido distinto al del sismo— por huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves. También habrá Avisos de Protección Civil por lluvias severas, frentes fríos, olas de calor o mala calidad del aire. No harán falta saldo ni internet; el mensaje saltará en pop-up y, por “seguridad ciudadana”, no se podrá desactivar.
El anuncio suena a avance. El historial no. El mandato de usar las redes para emergencias existe desde la ley de 2014; el Cell Broadcast para sismos ya se estrenó con retrasos, huecos de cobertura y el ridículo de la leyenda “Alerta Presidencial”. En 2025 el propio gobierno vendió que el alertamiento meteorológico estaba a meses; hoy, con la temporada de ciclones encima, la CRT admite que primero deben adaptar sus sistemas las telefónicas. Mientras tanto, el mismo regulador suspende líneas que no se vinculen a la CURP… y promete que esas líneas “apagadas” sí recibirán alertas.
La crítica no es al aviso en sí: un país expuesto a sismos, huracanes e inundaciones necesita alertas regionales y gratuitas. La crítica es al patrón: años de fanfarria, fallas documentadas, fechas que se recorren y un sistema que el ciudadano no puede silenciar, pero del que el Estado no demuestra todavía puntualidad ni cobertura plena. Si la alarma llega cuando el agua ya sube, el pop-up no es prevención: es el epitafio digital de otra promesa tardía.
