CDMX.- El 31 de agosto, en la sesión de arranque del periodo y de la elección de la Mesa Directiva, Enrique Inzunza Cázarez se acercó a depositar su voto. Lilly Téllez lo encaró en el pleno y le gritó “¡Fuera narcosenador! ¡Fuera del pleno!”. Téllez lo presenta como el “cinismo del brazo legislativo del crimen organizado”. No es un exabrupto suelto: desde el 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó, junto con Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, de conspirar con la facción de Los Chapitos para proteger tráfico de drogas y operaciones del Cártel de Sinaloa. Él lo niega y habla de “calumnias” y “lawfare”.
Inzunza se separó de Morena el 26 de agosto, se declaró independiente y se aferró al escaño y al fuero. Llevaba más de tres meses sin pisar el Senado; volvió justo para la votación. Morena ya lo había empujado a pedir licencia y no lo hizo. El resto de las bancadas, incluida buena parte de la oposición, lo vio pasar. El reclamo de Téllez quedó casi solo. Un senador señalado por una fiscalía federal de Estados Unidos —con cargos que allá contemplan penas de décadas— camina al urna del pleno como si el expediente no existiera.
Eso es lo duro: no el grito, sino la normalidad. El Congreso no lo ha separado, la Fiscalía mexicana no ha mostrado un expediente paralelo que lo deslinde o lo procese, y la Cámara Alta inicia año con un legislador acusado de pactar con el cártel votando la presidencia del Senado. Mientras Inzunza dice que se defenderá solo, la institución le presta el escenario. Téllez puso el escándalo en voz alta; el silencio de los demás es la noticia que debería incomodar.