TEPJF abre la puerta a funcionarios públicos para promover la elección judicial; no pueden mencionar nombres ni difundir imágenes de candidatos
El fallo del TEPJF surge en respuesta a 39 impugnaciones acumuladas, presentadas por figuras de peso.
CDMX.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio este miércoles, un paso controvertido al aprobar, por mayoría de votos, que los funcionarios públicos puedan promover la elección judicial extraordinaria, un proceso que ha desatado intensos debates en México sobre los límites entre la difusión institucional y el proselitismo político. La decisión, impulsada por el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, revoca parcialmente un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) y abre la puerta a una participación más activa de servidores públicos en un ejercicio que, aunque se presenta como un avance democrático, no está exento de riesgos ni críticas.
El fallo del TEPJF surge en respuesta a 39 impugnaciones acumuladas, presentadas por figuras de peso como las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. Estas demandas cuestionaban la restricción impuesta por el INE, que buscaba monopolizar la promoción del Proceso Electoral Extraordinario (PEE) para la elección de jueces, magistrados y ministros, un experimento inédito en el país tras la reforma judicial aprobada en 2024. El argumento central del tribunal es que el INE no tiene atribuciones exclusivas para difundir este proceso, una interpretación que, si bien es técnicamente defendible, plantea interrogantes sobre la neutralidad y los incentivos detrás de esta apertura.
El texto aprobado establece límites claros: los funcionarios podrán informar y fomentar la participación ciudadana, pero no mencionar nombres, mostrar imágenes de candidatos ni hacer referencias que los identifiquen. Sin embargo, en un contexto político tan polarizado como el mexicano, donde las líneas entre información y propaganda suelen difuminarse, esta restricción podría ser más retórica que práctica. La experiencia reciente con campañas gubernamentales —como la promoción de la revocación de mandato en 2022— sugiere que los vacíos legales y la falta de fiscalización efectiva tienden a favorecer interpretaciones laxas, especialmente cuando los actores involucrados tienen intereses partidistas.
La reacción no se hizo esperar. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y miembro prominente de Morena, celebró la resolución en un video en redes sociales, afirmando que el TEPJF “le dio la razón” a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), legisladores y poderes de la Unión. Su entusiasmo refleja el respaldo de un sector político que ha impulsado con fuerza esta reforma, pero también alimenta las sospechas de quienes, como Loretta Ortiz, han acusado al INE y a ciertos ministros de la Corte de intentar “deslegitimar” el proceso. Ortiz, conocida por su cercanía con el oficialismo, ha sido una de las voces más críticas contra las resistencias institucionales a esta elección, lo que añade una capa de tensión al ya complejo equilibrio entre poderes.
El trasfondo de esta decisión no puede desligarse del momento histórico que atraviesa el Poder Judicial mexicano. La reforma de 2024, que introdujo la elección popular de magistrados y jueces, fue presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —y continuada por su sucesora, Claudia Sheinbaum— como una medida para democratizar un sistema históricamente elitista y opaco. Sin embargo, sus detractores advierten que podría politizarse aún más, convirtiendo a los juzgadores en figuras dependientes de las mayorías legislativas o de las campañas mediáticas. Que ahora los funcionarios públicos puedan promover este proceso, aunque sea bajo ciertas reglas, intensifica ese debate: ¿es esto un paso hacia la transparencia o un riesgo de cooptación?
El proyecto de Felipe de la Mata Pizaña, un magistrado con trayectoria en temas electorales, busca un equilibrio que, en la teoría, suena razonable: informar sin manipular. Pero en la práctica, el éxito dependerá de la vigilancia ciudadana y de la capacidad del INE —pese a sus limitaciones— para sancionar abusos. Por ahora, el TEPJF ha movido una ficha clave en este ajedrez institucional, y las consecuencias, tanto para la independencia judicial como para la confianza en el sistema electoral, apenas comienzan a vislumbrarse.