Washington.— A través de una publicación en X, Cole señaló que la corrupción en México alimenta las operaciones de los cárteles y que la DEA mantiene su compromiso de sacar a la luz esas conexiones para proteger a la ciudadanía estadounidense. “La DEA sigue decidida a exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras letales y actores políticos corruptos para proteger vidas de estadounidenses. No vamos a retroceder”, escribió el martes.
Días antes, Cole había advertido que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) irán tras funcionarios corruptos y políticos que facilitan el narcotráfico. El mensaje se produjo tras la condena en Estados Unidos de Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cole subrayó que la corrupción y el tráfico de drogas avanzan de forma conjunta sin importar el cargo político, y que la agencia perseguirá sin descanso a quienes se benefician, amparan o sostienen a las organizaciones criminales.
El mismo día, la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, impuso a “Tony Montana” una pena de 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. El acusado se había declarado culpable meses atrás. Su defensa pidió 20 años alegando su edad (68 años) y baja expectativa de vida, mientras la fiscalía solicitaba 30.
Acciones previas contra funcionarios mexicanos
Las acciones estadounidenses contra políticos mexicanos se intensificaron a partir de abril, cuando el Departamento de Justicia acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de delitos vinculados al narcotráfico y a armas, relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya intentó retomar su cargo de gobernador, pero ante el rechazo de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum optó por solicitar una licencia indefinida.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York señaló a funcionarios en activo y a exfuncionarios de Sinaloa de haber colaborado con la facción de Los Chapitos para enviar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. También se les atribuyó haber entregado información confidencial de cuerpos de seguridad y del Ejército Mexicano a cambio de pagos.
Entre los señalados figuran:
Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán.
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Entre los sancionados hay personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar: su exesposo Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres. Según las autoridades estadounidenses, habrían recibido sobornos del cártel y lavado el dinero a través de empresas y campañas políticas. Torres Torres estaría vinculado a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que opera en Mexicali.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien se atribuye haber recibido pagos de “El Ruso” a cambio de permitir el control del cártel sobre la policía municipal y facilitar sus actividades.
Otro sancionado fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California. Se le identifica como cercano a Carlos Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco” (detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc). Según las autoridades, proporcionó favores políticos e influencia para apoyar las actividades de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump se ha intensificado la presión contra los cárteles mexicanos, que incluye aranceles, sanciones y acusaciones formales dirigidas a políticos, exfuncionarios y miembros de grupos criminales.



