CDMX.- Claudia Sheinbaum salió a defender a Carlos Ulloa Pérez, titular de Birmex y su colaborador desde Tlalpan, después de que se documentara la compra en efectivo de dos departamentos de lujo por 22.4 millones de pesos. El funcionario, con un sueldo neto cercano a 100 mil pesos mensuales, acumuló además al menos 19 viajes al extranjero. La presidenta zanjó el asunto con una frase que ya suena a plantilla: “todo es legal” y está en su declaración patrimonial. Legal puede ser. Creíble, para quien cobra como servidor público y predica austeridad, es otra cosa.
Ulloa respondió que el dinero sale de ahorros de casi tres décadas, venta de inmuebles y herencias de hace veinte años, y que varios viajes fueron comisiones oficiales. El problema no es solo el origen declarado: es el contraste. Llegó a Birmex en abril de 2025 para “poner orden” tras un intento de compra de medicamentos con sobrecosto estimado en 13 mil millones de pesos. La paraestatal sigue bajo la lupa de Anticorrupción por contratos irregulares, y el desabasto no se ha resuelto. Quien administra el abasto de medicinas del país aparece, al mismo tiempo, como comprador de contado de vivienda de lujo.
La crítica más dura no es de oposición: es de consistencia. Un gobierno que investiga depósitos modestos de ciudadanos comunes no puede tapar con un “está declarado” un patrimonio que crece a velocidad de efectivo mientras la institución a su cargo no entrega resultados. Si todo es legal, que lo prueben con papeles públicos, no con lealtad de Palacio. Mientras tanto, la frase presidencial suena menos a transparencia y más a escudo para un operador de confianza.