Washington.— En lo que sería la mayor purga de visas en la historia de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump prepara la cancelación masiva de hasta 200 mil visas B1/B2 de negocios y turismo a extranjeros que usaron ese permiso para entrar al país y después solicitar asilo.
La medida, aún en revisión final, está siendo armada entre el Departamento de Estado y Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo con documentos internos obtenidos por AP, la orden alcanzaría a todas las visas emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan pedido asilo o lo estén tramitando ahora.
El plan contempla anunciarse en las próximas semanas y, de ejecutarse, borraría de un plumazo el estatus de visitante de miles de personas con casos de asilo pendientes. No significaría deportación automática, pero sí la pérdida del B1/B2 y una reclasificación migratoria.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la coordinación con DHS: “Identificaremos y revocaremos las visas de no inmigrante de quienes llegan diciendo que son visitantes de corta duración, pero luego piden asilo para quedarse de forma permanente”.
La cifra es dinámica, advirtió, y las revocaciones se harían de forma continua.
La justificación política ya está en el discurso oficial. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, acusó en X que el asilo se ha convertido en “una laguna legal para eludir la ley de inmigración” y puso como ejemplo a un colombiano que entró en 2015 como turista y luego pidió protección.
La medida se suma a la escalada restrictiva del segundo mandato de Trump: escrutinio de redes sociales para visados, fianzas de miles de dólares para tramitar la visa y vetos por nacionalidad. El propio Departamento reconoce que en 18 meses ya ha revocado 175 mil visas por antecedentes penales —desde conducir ebrio hasta violación— y por activismo contra la política exterior de EE.UU., en especial por posturas sobre Medio Oriente.
También está en la mira el llamado “turismo de maternidad”, que la Casa Blanca quiere frenar para impedir la ciudadanía por nacimiento, aunque la Corte Suprema ha bloqueado hasta ahora los intentos de eliminarla.
El rastreo de los solicitantes de asilo con visa B1/B2 habría iniciado luego de que USCIS compartiera su base de datos con el Departamento de Estado. A los nuevos solicitantes de visa ya se les exige firmar que no pedirán asilo y probar arraigo en su país de origen.
De concretarse, expertos anticipan una ola de demandas en cortes federales por violación al debido proceso.