Washington.— Estados Unidos pasará a ser dueño de una gran parte del sector petrolero de Venezuela. Así lo anunció el presidente Donald Trump, al proclamar un acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas, por el que Washington pasará a tener el control mayoritario sobre una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano —las mayores del mundo y calculadas en 300 mil millones de barriles— y doblará sus reservas actuales. La presidenta interina venezolana confirmó el pacto como “histórico”.
“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió Trump este viernes en su cuenta de Truth Social.
“Esta transacción histórica MÁS QUE DUPLICA las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela siga avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad”, continuó.
En un comunicado paralelo, Rodríguez explicó que el pacto prevé “el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado”.
Esas inversiones, alegó, “contribuirán no solo a la recuperación y la modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”.
El acuerdo, en el que están incluidas de momento la petrolera Chevron y la proveedora de servicios Halliburton, según el Wall Street Journal, dobla las reservas de petróleo estadounidenses. Unas reservas almacenadas que se encontraban en su nivel más bajo de los últimos 44 años, de menos de 290 millones de barriles, según datos del Departamento de Energía: los depósitos están al 41% de su capacidad, consumidos para contrarrestar las subidas de los precios del combustible a raíz de la pandemia de covid y las guerras en Ucrania e Irán.
En un mensaje en la red social X, Marco Rubio calificó el acuerdo de “una enorme victoria para las dos partes”, que permitirá a Washington hacerse con “reservas de crudo estables y de bajo coste en nuestro hemisferio, y rebajar los precios de la gasolina en nuestro territorio”. Para el pueblo de Venezuela, agregó, “este acuerdo traerá cerca de 100 mil millones de dólares en inversiones privadas, respaldará miles de empleos bien pagados y será el motor de la reconstrucción de la economía de su país”.
La presidenta interina aseguró que el acuerdo “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación” y “facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de los hidrocarburos”.
Trump no ha detallado cómo se ejecutará en la práctica, pero la agencia Bloomberg y otras fuentes revelaron que detrás del trato está el empresario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por lavado de dinero en Suiza y España.
Pese a las sospechas que se ciernen sobre Betancourt y el rechazo que provoca en su país, el empresario es hoy un actor central en la configuración de la nueva Venezuela con la ayuda de Washington. Betancourt es socio mayoritario de North American Blue Energy Partners, la segunda productora de Venezuela después de Chevron, y lleva meses trabajando por los intereses de Washington. “Ha sido inestimable para el gobierno de Estados Unidos”, afirmó Mauricio Claver-Carone, hasta hace unas semanas emisario extraoficial en Venezuela, al Washington Post.
El propio Post reveló este jueves que la protección de Washington llevó a que altos funcionarios estadounidenses intervinieran directamente para resolver la causa penal suiza contra Betancourt sin que enfrentara cargos. La intervención norteamericana permitió levantar las restricciones de movimiento que pesaban sobre él y que le mantenían en sus dos mansiones de Reino Unido.
Desde junio, Betancourt se mueve en aviones privados de Europa a Estados Unidos y de allí a Venezuela. Los fiscales, a pesar de haber levantado las restricciones de viaje en mayo, prorrogaron la orden de arresto internacional contra Betancourt y enviaron una solicitud al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que lo arrestaran allí.
Desde la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero para llevarlo a Nueva York y someterlo a juicio por narcotráfico, Trump ha aludido constantemente al petróleo de Venezuela como su gran centro de interés en el país sudamericano. El plan de reconstrucción en tres fases que planteó Rubio en un primer momento prevé como primer objetivo la estabilización y reconstrucción del sector petrolero; la celebración de elecciones quedó para la última etapa. Desde la captura, Washington tutela el sector energético venezolano desde una cuenta bancaria en Nueva York.
Una fuente del sector petrolero reconoce el dilema. “Teníamos campos que llevaban años parados o produciendo muy por debajo de su capacidad, que ahora generan regalías, impuestos y empleo que antes no existían”, explica. “Pero una cosa es que el desarrollo del campo beneficie al país y otra distinta que Venezuela se vea forzada a firmar precisamente con quien Washington decide”. Tampoco hay transparencia, añade: “Se esperaba que la OFAC —la oficina del Tesoro de EEUU que autoriza estas operaciones pese a las sanciones— actuara como filtro para las nuevas licencias, descartando operadores poco fiables, pero eso no ha ocurrido”.
Desde que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro, Washington ha recaudado ya más de 13 mil millones de dólares por la venta de crudo venezolano, según cálculos de la prensa norteamericana, aunque Trump asegura que la cifra real es incluso mayor. El propio mandatario sostiene que ese dinero ha servido para cubrir “varias veces” el coste de la captura de Maduro, aunque no existe ninguna auditoría pública que permita comprobar esa cuenta.
El contraste entre esa recaudación y lo que llega a Venezuela se ve en sus calles. La capacidad de gasto sigue asfixiada, los servicios públicos siguen siendo deficientes y persisten los cortes de luz y agua. La inflación anual ronda el 600%, y el ingreso mínimo mensual —unos 240 dólares, repartido en su mayoría vía bonos— cubre menos de la mitad de una canasta básica que supera los 500 dólares.
Las negociaciones se habían desarrollado durante meses, pero su ritmo se aceleró en los últimos tiempos, a medida que aumentaba la urgencia para la Administración Trump. Las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que demócratas y republicanos se juegan las mayorías en el Congreso, están a la vuelta de la esquina. Las encuestas advierten de que los republicanos pueden recibir un duro varapalo de los votantes, preocupados por los altos precios en general y de la gasolina en particular.