Trump quiere deportar a un millón de migrantes ilegales en 2025; Expertos y funcionarios dudan lograrlo
El plan de deportar a un millón de personas en un año representa una escala sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.
Washington.- La Administración de Donald Trump, en su segundo mandato, ha establecido un objetivo ambicioso: deportar a un millón de inmigrantes en su primer año, según revelaron a The Washington Post cuatro funcionarios federales actuales y anteriores con conocimiento directo de los planes. Esta cifra, que ha surgido en conversaciones privadas, supera con creces el récord histórico de deportaciones anuales en Estados Unidos, que alcanzó poco más de 400,000 durante la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, analistas y expertos en inmigración consideran que este plan es logísticamente complejo y, en muchos aspectos, inalcanzable debido a limitaciones financieras, legales y operativas.
Un objetivo sin precedentes
El plan de deportar a un millón de personas en un año representa una escala sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump prometió una operación de deportación masiva, y su vicepresidente, JD Vance, mencionó en 2024 que podrían comenzar con un millón de expulsiones. Sin embargo, los funcionarios no han aclarado cómo se contabilizaría esta cifra ni cómo se lograría, lo que genera escepticismo entre los expertos.
Stephen Miller, un influyente asesor de la Casa Blanca y conocido por su postura dura en materia de inmigración, ha estado liderando reuniones casi diarias con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales para diseñar estrategias que permitan alcanzar este objetivo. Entre las tácticas propuestas está la identificación y expulsión de los 1.4 millones de inmigrantes que ya tienen órdenes de deportación definitivas pero que permanecen en el país, a menudo porque sus naciones de origen se niegan a aceptarlos.
Estrategias y negociaciones internacionales
Una de las iniciativas más destacadas del plan es negociar con hasta 30 países para que acepten a deportados que no son sus ciudadanos, un enfoque conocido como deportación a terceros países. Actualmente, la Administración está enviando inmigrantes a destinos como México, Costa Rica, Panamá y, en al menos un caso reciente, Ruanda, tras extensas negociaciones. Este esfuerzo representa una expansión significativa de prácticas previas, ya que las administraciones anteriores también intentaron deportaciones a terceros países, pero nunca a esta escala.
En una presentación reciente ante los tribunales, el Gobierno de Trump afirmó que planea enviar a “miles” de inmigrantes a estos destinos. Sin embargo, el proceso no está exento de controversias. Defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos jueces federales han expresado preocupación por la legalidad y las implicaciones humanitarias de estas deportaciones. Por ejemplo, en marzo, un salvadoreño fue deportado por error a una megacárcel en El Salvador, a pesar de una orden judicial que lo protegía debido a amenazas de muerte por parte de pandillas.
Obstáculos legales y logísticos
El proceso de deportación en Estados Unidos es complejo y está regulado por leyes que garantizan a la mayoría de los inmigrantes el derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración antes de ser expulsados. Este derecho aplica incluso a aquellos con antecedentes penales, y los retrasos actuales en el sistema judicial pueden extender los casos durante meses o incluso años. Con aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, según estimaciones, cumplir con el objetivo de un millón de deportaciones requeriría una capacidad operativa y financiera que la Administración aún no posee.
Los funcionarios de Trump han solicitado al Congreso un proyecto de ley presupuestario para ampliar la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo la contratación de más agentes, la expansión de centros de detención y la gestión de vuelos chárter para deportaciones. Sin embargo, expertos como Doris Meissner, excomisionada de inmigración y miembro del Migration Policy Institute, advierten que “el proceso de deportación lleva mucho tiempo” y no es algo que pueda acelerarse simplemente con voluntad política.
Además, la Administración enfrenta restricciones operativas. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está en camino de detener a cerca de 240,000 inmigrantes este año fiscal —más del doble que el año anterior—, las deportaciones reales no están creciendo al mismo ritmo. En marzo, ICE expulsó a unas 212,000 personas, una cifra inferior a las 271,484 del año fiscal pasado, cuando la mayoría de las deportaciones estaban vinculadas a cruces fronterizos ilegales.
Caída de cruces fronterizos y críticas internas
Un factor clave que complica el objetivo de un millón de deportaciones es la drástica reducción de los cruces fronterizos ilegales. Tras el despliegue de cientos de tropas en la frontera sur y el refuerzo militar anunciado por Trump en abril de 2025, los ingresos irregulares cayeron a poco más de 7,000 en marzo, el nivel más bajo en décadas. Dado que los cruces fronterizos históricamente han representado la mayoría de las deportaciones, esta disminución limita significativamente el número de personas que pueden ser expulsadas rápidamente.
Por otro lado, la Casa Blanca ha intensificado las detenciones en el interior del país, movilizando a agencias como el FBI, la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para asistir al ICE. Sin embargo, los centros de detención están casi llenos, con más de 47,000 personas arrestadas a finales de marzo, y los vuelos de deportación solo han aumentado modestamente, de 100 en enero a 134 en marzo.
Internamente, los funcionarios de inmigración están lidiando con una moral baja, según tres exfuncionarios. Las críticas constantes desde la Casa Blanca y la presión para alcanzar objetivos que muchos consideran irreales han generado escepticismo entre los agentes. “Lo dicen en broma: ‘Tenemos que conseguir un millón de expulsiones’”, comentó un exfuncionario, reflejando la percepción de que la meta es más retórica que práctica.
Preocupaciones humanitarias y judiciales
El enfoque agresivo de la Administración ha generado críticas por parte de defensores de los derechos humanos y ha enfrentado resistencia en los tribunales. Jueces federales en Texas, Nueva York y Boston han emitido fallos que limitan las deportaciones sin audiencias adecuadas, especialmente cuando se trata de enviar inmigrantes a terceros países. En un caso notable, un juez de Boston ordenó que los inmigrantes tengan una “oportunidad significativa” para solicitar protección humanitaria antes de ser deportados a países donde no son ciudadanos.
En respuesta, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, emitió un memorando instruyendo a las agencias a verificar que los países receptores no representen riesgos de persecución o tortura para los deportados. Sin embargo, los abogados de inmigrantes argumentan que el plazo de 24 horas establecido para impugnar estas expulsiones es insuficiente, y que muchos deportados no tienen la oportunidad de demostrar que enfrentan peligros reales en los países de destino.
Transparencia y datos
Otro desafío es la falta de transparencia en las cifras oficiales. La Administración Trump ha dejado de publicar los informes mensuales detallados de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, lo que dificulta el seguimiento independiente de las deportaciones. Las estadísticas disponibles provienen de fuentes políticas que no ofrecen desgloses completos. Por ejemplo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que se habían deportado más de 100,000 inmigrantes hasta marzo, pero luego aclaró que esta cifra incluía detenciones en la frontera y en el interior del país, sin distinguir claramente entre ambas categorías.
Perspectivas y escepticismo
Analistas como Tom Cartwright, quien monitorea los vuelos de deportación, sostienen que alcanzar el millón de expulsiones requeriría “un aumento masivo” en la capacidad operativa. “Si vas a hacer un millón, ¿de dónde van a salir esas personas? No veo esas cifras”, afirmó. Incluso con el aumento de detenciones, los cuellos de botella en los tribunales, la falta de acuerdos con terceros países y las limitaciones presupuestarias hacen que el objetivo parezca más un símbolo político que una meta alcanzable.
En resumen, aunque la Administración Trump está comprometida con una política de inmigración dura y ha intensificado sus esfuerzos para aumentar las deportaciones, los obstáculos legales, financieros y operativos sugieren que el objetivo de un millón de expulsiones en un año es, por ahora, más una aspiración que una realidad. La Casa Blanca insiste en que su mandato es claro y que está trabajando en un enfoque de “todo el gobierno” para cumplirlo, pero el camino hacia esa meta está lleno de desafíos significativos.