Jalisco.- La alcaldesa morenista de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, quedó exhibida por asignar un elemento de la Policía Municipal como escolta de su mascota Junior, un perro tipo goldendoodle. El dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio, David Hernández, denunció que ese “guarura” cuesta al erario unos 25 mil pesos al mes y que dos policías habrían renunciado por verse obligados a cuidar al animal. El Ayuntamiento primero negó que existiera esa asignación; después, regidores confirmaron que Junior sí tiene escolta municipal y exigieron que la Contraloría Ciudadana investigue.
Pérez Segura evadió dar una declaración. Tras siete horas de espera, al ser abordada salió de Palacio Municipal con el perro y se limitó a decir “no es cierto”. Hasta el 29 de agosto no hay nombres de agentes, oficios de asignación ni actas de baja públicas. La Contraloría, a cargo de José Guadalupe Caro Calderón, no arranca de oficio: necesita una denuncia formal para abrir procedimiento. Mientras tanto, la alcaldesa niega de plano y atribuye el señalamiento a motivaciones políticas de los ediles. Es decir: hay foto, hay perro en Palacio, hay demanda política… y cero transparencia administrativa.
Eso es lo grave. No el afecto por un animal, sino que un municipio use —o siquiera permita la sospecha fundada de usar— a un policía como nana municipal y después se esconda detrás de tres palabras. Si es falso, publique la bitácora, la nómina y el destino del elemento. Si es cierto, no hay eufemismo que alcance: seguridad pública convertida en privilegio personal. “No es cierto” no es rendición de cuentas. Es un portazo.