CDMX.- El Senado aprobó este 7 de octubre, por unanimidad y con 104 votos, una reforma a la Ley General de Turismo que obliga a hoteles, moteles, transportes y demás prestadores a exigir a todo adulto que llegue con un menor documentos de parentesco, patria potestad, tutela o guarda y custodia. Si no los hay, deben negar el servicio y avisar a las autoridades. El dictamen, ya aprobado en Diputados en abril de 2025, se turnó a la presidenta Claudia Sheinbaum. En tribuna, la panista Laura Esquivel habló de “cerrar el paraíso pederasta” y citó unas 21 mil víctimas al año; el propio Senado reprodujo la cifra de World Vision México de que el país sería el segundo destino de explotación sexual infantil.
La unanimidad es el dato más revelador. Nadie votó en contra de una medida que suena intocable, pero el expediente durmió más de un año en el Senado y no fue prioritario antes del Mundial, justo el escenario que activistas y la misma bancada usaron como argumento de urgencia. Se legisla el filtro en la recepción y se deja intacto el eslabón que sí decide: la investigación, la fiscalía y la condena. Sin presupuesto, sin protocolo único y sin un registro verificable, el recepcionista queda convertido en juez de familia.
El mecanismo, además, nace ciego. México no tiene una identificación nacional con fotografía para menores; la CURP no lleva foto y un acta de nacimiento no acredita, por sí sola, quién tiene la custodia ese día. Abuelos, padres divorciados, equipos deportivos o viajes escolares van a toparse con la negativa o con el aviso a la autoridad, mientras quien falsifique un papel o encuentre un establecimiento complaciente sigue pasando. La ley traslada el costo a familias y negocios y presenta como victoria lo que, en los hechos, es un trámite sin dientes.