¿Uniformes por 72 millones o un botín para la red de Adán Augusto?
Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", realizó la adquisición en 2022 mientras encabezaba la Secretaría de Seguridad de Tabasco
CDMX.- La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre el círculo cercano de Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco. Según una investigación de Latinus, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, destinó 72 millones de pesos a la compra de uniformes para la policía estatal a través de Grupo Servicorvel, una empresa vinculada a Carlos Prats García, un aliado del senador. El negocio, realizado en diciembre de 2022, incluyó botas, camisas y gorras para cadetes y custodios, pero las sospechas no tardaron en surgir.
Bermúdez, detenido en 2025 en Paraguay y ahora preso en el Altiplano por cargos de tráfico de drogas y extorsión, habría utilizado su cargo para desviar recursos públicos hacia actividades delictivas, según testimonios de la Fiscalía General de la República (FGR). Patrullas, armas y equipo táctico de la policía habrían terminado al servicio de “La Barredora”, una organización que operaba con impunidad en Tabasco entre 2019 y 2024, durante el mandato de López Hernández. El dato inquietante: Prats García, hijo de un excolaborador de Adán Augusto, también está ligado a contratos millonarios con la Sedena, donde Avacor y Grupo Servicorvel inflaron precios hasta en un 300% y violaron reglas de licitación, según la Secretaría Anticorrupción.
La trama se complica con las sanciones: ambas empresas fueron inhabilitadas por irregularidades, Avacor por dos años y medio en 2025 y Servicorvel por 18 meses hasta febrero pasado. Sin embargo, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿fue este un caso aislado de abuso de poder o parte de una red más amplia de favores y desvíos bajo el amparo político? La falta de claridad en las explicaciones oficiales y el silencio de López Hernández alimentan las dudas. Mientras tanto, los 72 millones pagados por uniformes se convierten en un símbolo más de cómo el poder, mal ejercido, puede teñir de gris incluso las instituciones destinadas a protegernos.