CDMX.- La iniciativa de Claudia Sheinbaum para que quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncie a una segunda nacionalidad antes de registrarse ya está en el Congreso. Reforma los artículos 82, 116 y 122, exige residencia de al menos 20 años para la Presidencia y deja intacta la doble nacionalidad para el resto de la población. En Diputados avanzó en comisiones; en el Senado, el Partido Verde todavía no fija postura.
La senadora verde por Tamaulipas, Maki Esther Ortiz Domínguez, pide “analizar con cuidado” si la propuesta choca con el derecho a votar y ser votado. Suena a escrúpulo constitucional. En los hechos, su coordinador, Manuel Velasco, ya admitió que hay senadores verdes con doble nacionalidad y que el voto de la bancada no está garantizado. Sin esos 14 votos, la mayoría calificada se tambalea. El aliado que suele cobrar caro cada reforma ahora se esconde detrás de un debate de derechos que no aplica al ciudadano común, sino a quien quiere mandar.
No es un capricho menor. El gobierno dice que quien gobierna no puede representar a dos Estados. El Verde responde con dilación. Si hay conflicto de lealtades, que lo voten. Si hay un problema de derechos, que lo expliquen con claridad y no con pausas tácticas. Lo que queda a la vista es otra vez lo mismo: un partido que predica principios cuando le conviene y los aparca cuando le tocan el bolsillo político.