Víctimas del Tren Interoceánico rompen el silencio: Denuncia contra constructoras y funcionarios expone fallas crónicas en megaobra de AMLO
Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca y que dejó 13 muertos y decenas de heridos, interpusieron este lunes una denuncia penal
CDMX.- En un golpe directo al corazón de uno de los proyectos emblemáticos del sexenio anterior, tres víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico –ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca– presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Cinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, representados por el abogado Adrián Arellano, acusan a constructoras como Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, además de servidores públicos, por lesiones y abuso de autoridad. La querella se basa en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que desde 2019 detectaron irregularidades en la supervisión y rehabilitación de vías, revelando una cadena de negligencias que culminó en el accidente que dejó decenas de heridos.
La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el asunto en su conferencia matutina, asegurando que no hay quejas formales y recomendando a las víctimas acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en lugar de abogados, argumentando que algunos bufetes solo buscan comisiones. Sin embargo, esta postura genera sospechas, ya que el proyecto involucra a allegados del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluidos sus hijos, señalados en investigaciones periodísticas por presuntos conflictos de interés en contratos. Fuentes como Latinus y reportes de Animal Político confirman que la obra, inaugurada con bombo en 2023, ha acumulado críticas por sobrecostos y deficiencias técnicas.
Este caso no solo resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras prioritarias del gobierno anterior, sino que pone a prueba la independencia judicial bajo Sheinbaum. Si la FGR –aún influida por el oficialismo– archiva la denuncia, podría confirmar temores de impunidad; de lo contrario, abriría una caja de Pandora sobre corrupción en megaobras. Las víctimas, misioneros de Chihuahua, buscan justicia más allá de indemnizaciones simbólicas, recordándonos que detrás de los discursos hay vidas truncadas por decisiones políticas cuestionables.