Tamaulipas.- Desde el Cedes de Ciudad Victoria, el exsecretario de Bienestar Social de Tamaulipas, Rómulo Garza Martínez, denunció que el gobierno de Américo Villarreal le ofreció su libertad a cambio de firmar un escrito o inventar imputaciones contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La revelación, publicada este 26 de octubre por Lourdes Mendoza en El Financiero, detalla además que durante la campaña de 2024 recibió una llamada en la que le exigieron 1.5 millones de pesos para no judicializar una carpeta por la compra de despensas en tiempos de COVID. Garza, detenido el 17 de enero de 2025 en Ciudad Valles y preso desde entonces (con los primeros seis meses encadenado en su celda), rechazó el trato y sostiene que no hay delito.
El caso se basa en adjudicaciones directas de millones de despensas (incluyendo alrededor de 2.6 millones por cerca de 650 millones de pesos en 2021) durante la emergencia sanitaria. La defensa argumenta que se realizaron al amparo de decretos federales y estatales que autorizaban compras directas de alimentos básicos para agilizar la respuesta a la pandemia, y que Garza solo fue el área requirente, no la que contrató (esa fue la Secretaría de Administración). La Fiscalía Anticorrupción lo vinculó a proceso por uso ilícito de atribuciones y desempeño irregular de funciones; no se ha acreditado daño patrimonial ni peculado en las etapas actuales. Mientras tanto, el PAN pide que enfrente el proceso en libertad y califica el caso de persecución política en medio de la confrontación abierta entre el gobierno morenista de Villarreal y el círculo de Cabeza de Vaca.
Esto no es justicia: es el uso del aparato punitivo como herramienta de venganza y fabricación de culpables. Mantener a un exfuncionario más de un año y nueve meses en prisión preventiva —sin haber demostrado un quebranto al erario— y luego ofrecerle la puerta de salida a cambio de que delate a un adversario político expone la degradación del sistema en Tamaulipas. Cuando la libertad se negocia y las carpetas se activan o se guardan según la conveniencia del gobernador en turno, lo que se erosiona no es solo un expediente: es la mínima credibilidad de que en el estado aún existe Estado de derecho.