CDMX.— Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño González Elizondo son socios de JDBL y Compañía, S.A. de C.V., una empresa creada el 17 de julio de 2020, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para invertir en puertos y suministro de combustible.
La sociedad fue constituida en la Ciudad de México con duración de 99 años y quedó inscrita en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía.
El acta constitutiva establece como objeto social “realizar todo tipo de inversiones de manera directa o indirecta (...) en la prestación de servicios de administración y gestión de puertos, su construcción y de infraestructura en general”, así como el “suministro de combustibles y lubricantes” en zonas portuarias, actividad conocida como bunkering.
La empresa sale a la luz luego de la reunión privada en el restaurante Magazzino, en la colonia Condesa, difundida por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón, donde aparecen Beckmann —integrante del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal—, Garduño González Elizondo —dueño de empresas con contratos federales— y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente.
El encuentro ocurre mientras la FGR y agencias de Estados Unidos investigan una red de huachicol fiscal en puertos y aduanas de Tamaulipas, vinculada presuntamente al círculo de operadores de López Beltrán, según esas indagatorias.
De JDBL y Compañía, Beckmann Legorreta es accionista mayoritario con 99 mil 999 acciones y Garduño González Elizondo es socio minoritario con una acción. Como apoderados aparecen Vianney Ramos Rosales, Alexander Gijs Van Tienhoven, José Alfredo García López Gala y Victoria Isabel Cortés Iturralde.
JDBL no cuenta con permisos vigentes ante la CRE para comercializar hidrocarburos, por lo que hasta ahora no podría operar de forma directa, sino como vehículo de inversión en terceros que sí tengan permisos.
Hasta ahora, la empresa más señalada públicamente en el entorno de López Beltrán es Portacelis Gas and Oil, de Jorge Amílcar Olán, investigada por el SAT y Hacienda por 834 millones de pesos en impuestos no pagados tras 139 pedimentos con información falsa.
Este lunes, la fiscal General Ernestina Godoy reconoció en su columna que el huachicol fiscal inició en 2018 con la importación y exportación de hidrocarburos con clasificación arancelaria incorrecta para evadir impuestos.
*Con información de El Universal